Convención Constitucional golpea la mesa tras apoyar indulto a presos del estallido social

Mientras una manifestación se desarrollaba en las afueras del ex Congreso Nacional, la Convención Constitucional aprobó con 105 votos a favor, 34 en contra y 10 abstenciones, una serie de demandas dirigidas al Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial para sentar "las garantías democráticas que permitan el adecuado funcionamiento del proceso constituyente".

En concreto, son seis puntos los incluidos en la declaración, validada por el pleno y redactada por convencionales del pacto Apruebo Dignidad (Partido Comunista y Frente Amplio) junto a sus pares del Partido Socialista.

Sin embargo, en medio de peticiones como la liberación de los presos políticos mapuche o la desmilitarización del Wallmapu, el punto más controversial del documento es el apoyo al proyecto de ley que entrega un indulto general a los detenidos en el marco del estallido social que está siendo tramitado en el Senado.

Especialmente debido a los difusos márgenes sobre el poder político de la Convención, ya que el pronunciamiento escapa del decreto por el cual fue convocada la instancia. Sin embargo, la petición de indulto fue respaldada desde el primer momento por gran parte de los constituyentes electos -salvo la centroizquierda y la derecha- quienes lo defienden como un elemento clave antes de empezar a redactar la nueva Carta Magna.

Por ejemplo, el convencional Jorge Baradit (IND-PS), ya dejaba entrever la postura de sus pares antes de la fallida primera sesión: "Somos un órgano con peso político que puede ayudar a tomar decisiones. En este caso lo que pedimos, a lo menos, es que se empiece a discutir".

Asimismo, el vicepresidente de la mesa directiva, Jaime Bassa, remarcó que "estamos en un momento bien particular de la instalación de la Convención Constituyente y del tipo de poder político que ejerce. Estamos acostumbrados a ver reglas establecidas y ahora vemos un poder político que tiene que establecer sus propias reglas. Significa que tiene que decidir como decidir y no tenemos reglas para votar, nos estamos dando nuestras propias reglas en un proceso de construcción colectiva, aprendizaje y ensayo y error".

Durante la discusión de la mesa, el constituyente del Frente Amplio, Fernando Atria, señaló que "la Convención Constitucional, obviamente, no puede indultar o amnistiar personas o actos, eso corresponde a los poderes constituidos. Pero eso no lo discutimos, sino que discutimos si llamar a esos poderes a ejercer sus competencias para indultar o amnistiar a los culpables de los hechos ilícitos durante la revuelta de octubre".

En tanto, desde el Gobierno, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, sostuvo que "escuché hoy en la Constituyente a personas que decían que había que indultar a la personas que están privadas de libertad para dar señales políticas. ¿Cuáles son las señales políticas? ¿Acaso vamos a declarar impunes a quienes entraron a saquear una ferretería y golpearon a los trabajadores allí presentes? ¿Vamos a declarar impune a quienes atacaron a automovilistas ayer? ¿Vamos a declarar impunes a quienes ocuparon armas de fuego y atacaron ayer a cuarteles policiales? Creo que las señales tienen que ser claras".

La posición del Ejecutivo también es apoyada por el oficialismo en la Convención. El ex subsecretario de Redes Asistenciales y hoy constituyente, Arturo Zúñiga, expuso que "nosotros tenemos un mandato muy claro, que es proponer un texto de nueva Constitución para mejorar la vida de las familias de nuestro país. Así como el Congreso tiene el poder constituyente y la Nación tiene el poder soberano, lo único soberano que estamos haciendo, a cinco días de haber empezado a trabajar y todavía no hablar de nada concreto, es el soberano ridículo".

En esa línea, los convencionales de Vamos por Chile demandan irregularidades en la mesa de Jaime Bassa y Elisa Loncon. Presentaron una carta para pedir la repetición de la votación que amplió la instancia a nueve integrantes, e incluso el constituyente Manuel Ossandón (RN) anunció que irá a la Corte Suprema.

PURANOTICIA