Congreso aprobó proyecto “Consultorio Seguro” que sanciona a agresores de funcionarios públicos

Para ser promulgada como ley de la República quedó el proyecto "Consultorio Seguro", el que aumenta las sanciones para las personas que agreden a funcionarios públicos, luego que el Congreso Nacional despachará la iniciativa impulsada por el Gobierno.

Para el ministro de Salud, Jaime Mañalich, con esta aprobación final se está beneficiando al 80% de las personas que se atienden en la salud pública.

Asimismo, indicó que durante este año se han registrado más de 1.700 agresiones a funcionarios de salud, es decir 5 diarias, en los diferentes establecimientos del país.

"Estamos muy contentos que el Congreso Nacional esté trabajando de esta forma para sacar rápidamente las leyes, que en este caso en particular, benefician al 80% de las pacientes que se atienden en la salud pública. Hay que recordar que cuando se agrede a un funcionario de salud, se produce un daño no solo a los trabajadores, sino que provocan problemas en la continuidad de la atención de salud, incitan a la renuncia del personal, ocasionando efectos para todo el sistema de atención de salud", indicó el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, quien asistió a la tramitación del proyecto junto con el ministro de Salud.

La autoridad indicó que esta ley es muy importante, ya que va de la mano con otras acciones que se están implementado y que responden al trabajo que viene realizando el Ministerio de Salud, junto con la Mesa de Seguridad Laboral, que integran los gremios de la salud, la Subsecretaria Prevención del Delito y la Asociación Chilena de Municipalidades, entre otros.

"No solo se trata de endurecer las penas a las personas que agreden a los funcionarios de salud, sino también que esto complementa el trabajo que estamos realizando de manera preventiva, como la instalación de cámaras de seguridad, botones de pánico y las conversaciones que hemos sostenido con la Asociación Chilena de Seguridad, la Confusam, el Colegio Médico y Carabineros", agregó el subsecretario Zúñiga.

La iniciativa legal establece sanciones más duras contra quienes agredan a profesionales que presten servicios en establecimientos educacionales y funcionarios de servicios de salud, imponiendo a los jefes de los establecimientos la obligación de denunciar los delitos cometidos al interior de las instituciones.

A su vez, los faculta para adoptar medidas extraordinarias en resguardo de la seguridad, y garantizando el acceso a defensa jurídica de los trabajadores que sean víctimas de agresiones.

Entre otros, se propone aplicar una pena que puede llegar a presidio mayor en su grado medio (desde 10 años y un día a 15 años) si debido a las lesiones queda con daño severo que implica pérdida de autonomía. Presidio medio a máximo (desde 541 días a cinco años), si el funcionario presenta enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de treinta días.

El texto también señala que el agresor puede ser multado o con la pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad, lo último si causa lesiones leves que no se producen daño.

PURANOTICIA