Celis y explicaciones del director de Junaeb: "Son de una gravedad y un desparpajo inaceptable"

"Es injustificable que ofertas menos eficientes y menos competitivas pretendan revertir, vía tribunales, la adjudicación de un competidor con una mejor oferta para los niños y el Estado". 

Con estas palabras al diario La Segunda, el director de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), Jaime Tohá, se refirió a las acciones judiciales que tres empresas presentaron luego que el organismo declarara desierta la útlima licitación para entregar alimentos a escolares de un tercio del país.

Al respecto, el diputado Andrés Celis (RN) señaló que "las explicaciones dadas por el señor Jaime Tohá, a propósito del trato directo que Junaeb decidió adjudicar por tres años y por más de $160 mil millones, para seis empresas, entre las que se beneficia a las mismas que causaron la declaración de licitación desierta previa, son de una gravedad y un desparpajo inaceptable".

En ese sentido, el parlamentario por la zona costera de la región de Valparaíso indicó que el director de Junaeb "oculta que llamó directamente a las mismas empresas y les permitió mejorar su posición y, para adjudicarlas, les permitió incorporar elementos tales como el pago de gratificaciones a las manipuladoras en el precio ofertado, generándoles así una ventaja ilegal y falta de razón técnica, en desmedro de otros con mejor récord y capacidad".

Además, el ex concejal de Viña del Mar sostuvo que "sus dichos mueven a error y pueden inducir a engaño al mismo contralor general de la República, al intentar escudarse en la necesidad de aprobar sí o sí un trato directo ilegal, usando a los niños más vulnerables de Chile como presión moral hacia el órgano contralor".

Por último, Celis expuso que "ello demuestra no sólo un desprecio por la legalidad y el respeto a las reglas públicas, sino un uso utilitario de los menores necesitados de recibir alimentos por parte del Estado" y cerró diciendo que "al señor Toha hay que pedirle la renuncia a la mayor brevedad y la Contraloría debiera declarar nulo el trato directo, ordenando una nueva licitación".

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