Michelle Bachelet denuncia "alarmante" empeoramiento de la situación de los Derechos Humanos en Nicaragua

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advirtió de un "alarmante" empeoramiento de la crisis política y social que atraviesa Nicaragua y señaló que, en las circunstancias actuales, con un "clima de temor", es complicado que los ciudadanos puedan ejercer "plenamente" sus derechos en las elecciones del 7 de noviembre, en las que el presidente, Daniel Ortega, aspira a la reelección.

Bachelet actualizó este martes ante el Consejo de Derechos Humanos su evaluación sobre la situación en Nicaragua, básicamente para constatar que es peor que en febrero, debido a "un preocupante y acelerado deterioro de la situación de Derechos Humanos".

La expresidenta chilena acusó al Gobierno de Ortega de desoír la práctica totalidad de las recomendaciones planteadas en las sucesivas evaluaciones, citando como ejemplo la detención de dirigentes opositores, entre ellos cinco personas que habían hecho pública su intención de presentarse a los comicios de noviembre frente a Ortega.

El Gobierno nicaragüense ha negado que exista persecución política alguna, pero Bachelet advirtió de que las detenciones se han ejecutado a partir de "conceptos penales ambiguos y sin suficiente evidencia probatoria", al tiempo que ha denunciado "graves violaciones" de las garantías procesales.

La oficina de la Alta Comisionada ya puso en su día en tela de juicio el trasfondo de las reformas legislativas aprobadas en los últimos años por el oficialismo, en la medida en que "podrían ser utilizadas para perseguir a opositores, como en efecto está ocurriendo", manifestó Bachelet. Además, las autoridades estarían agarrándose a una reforma del código procesal penal para detener hasta 90 días a estos opositores, a pesar del límite de 48 horas establecido en la Constitución.

Bachelet lamentó las consecuencias que tienen estas investigaciones y acusaciones no solo en términos legales, sino también políticos. "Esta situación impediría (a los acusados) competir en las elecciones generales, restringiendo no solo sus derechos políticos, sino también los derechos de las y los ciudadanos de poder votar por las opciones de su preferencia", añadió.

El Consejo Supremo Electoral retiró en mayo la personalidad jurídica de dos partidos políticos, "sin que fueran oídos sus representantes" y mediante decisiones que "infringen los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad", en opinión de la Alta Comisionada.

Tampoco considera garantizadas la imparcialidad e independencia de las autoridades electorales, en virtud de una reforma aprobada en mayo y que "limita", según Bachelet, los derechos a la libertad de expresión, asociación, reunión pacífica y participación política. Esta reforma, a su juicio, "hace caso omiso de las peticiones de la sociedad civil y de la comunidad internacional".

Bachelet reclamó "un cambio urgente" a Ortega en relación al "curso de acción" que viene adoptando su Gobierno frente al inminente proceso electoral, o que pasaría por la liberación "inmediata" de todas las personas detenidas "arbitrariamente", el fin de la "persecución" contra la disidencia, la derogación de las leyes "restrictivas" y el restablecimiento de derechos y libertades que permitirían en última instancia "un proceso electoral libre, creíble y equitativo".

"REPRESIÓN SISTEMÁTICA"

La oficina de Bachelet, que reclama su vuelta "urgente" a Nicaragua, advirtió de que la "persecución selectiva" se extiende contra defensores de Derechos Humanos, periodistas y, en general, contra "personas como percibidas como opositoras" al Ejecutivo.

Fuentes de la sociedad civil estiman que hasta el 14 de junio había más de un centenar de personas --115 hombres y nueve mujeres-- privados de su libertad en el contexto de la actual "crisis de Derechos Humanos", como la resumió la expresidenta chilena en su discurso ante el Consejo.

Un "número significativo" de personas se habrían puesto en contacto con su oficina para denunciar un "persistente hostigamiento" de las autoridades, con casos que incluyen presencia policial en el entorno de las viviendas o acoso por parte de personas vestidas de civil.

Asimismo, se han registrado declaraciones públicas de dirigentes y medios "estigmatizando a las personas percibidas como opositoras", según Bachelet, que cree que todas estas acciones contribuyen a generar un "clima de temor" que limita derechos y libertades especialmente básicos a meses vista de unos comicios.

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