Cámara de Diputados aprueba y despacha al Senado el reajuste al sector público

En condiciones de pasar al Senado quedó el proyecto que otorga un reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, junto con otros beneficios, luego que la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara el grueso de los artículos de la propuesta legal, con las indicaciones presentadas por el Ejecutivo.

La iniciativa fue aprobada en general por la Corporación sobre la base del mecanismo constitucional de la "insistencia" a la que apeló el Gobierno, pasando luego a la Comisión de Hacienda para su análisis en particular.

En dicha instancia, se fue ratificando la generalidad de los artículos (solo uno no se aprobó de 91), facilitado por la incorporación de las señaladas indicaciones que, en lo general, elevaron el corte para la aplicación del reajuste y del bono de vacaciones; e incorporaron dos bonos: uno de término de conflicto y otro para el personal de la salud.

Sobre este último, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, junto a su equipo, comprometió el esfuerzo del Gobierno para incorporar también en el beneficio a los trabajadores a honorarios el sector público de salud que cumplan siete meses de contratación con jornada completa.

Asimismo, hubo otros compromisos del Ejecutivo para desarrollar mesas de trabajo con otros sectores, como los asistentes de la educación y los funcionarios del Sename.

En la Sala, tras la rendición de los acuerdos de la Comisión de Hacienda por parte del diputado Manuel Monsalve (PS), el debate se desarrolló con un ánimo de valoración respecto del consenso alcanzado y la flexibilidad lograda por parte del Gobierno, destacándose la ampliación de los beneficiarios, tanto del reajuste como de los bonos. Sin embargo, también hubo quienes mantuvieron una visión crítica, la cual se expresó en la objeción de algunas de las normas de la ley.

Al momento de las votaciones, la generalidad de los 91 artículos fueron aprobados por 131 votos a favor y uno en contra. en este grupo estuvieron el reajuste, bonos y aguinaldos, entre otras materias. Luego, en votaciones separadas se ratificó el articulado restante con la salvedad de tres normas que fueron rechazadas: una para eximir del control de horario a determinados funcionarios; otra que limitaba en cuatro mil trabajadores el traspaso de honorarios a contrata; y la que definía un sistema de llamado a retiro.

El proyecto despachado

El texto considera un reajuste diferenciado, al 1 de diciembre de 2020: para los funcionarios cuyas remuneraciones brutas sean iguales o inferiores a dos millones de pesos (el corte inicial era de un millón 500 mil pesos), el aumento será de 2,7% (equivalente al IPC acumulado a noviembre), alcanzando con ello al 90% de los funcionarios (antes era un 75%); en tanto que para quienes superen el mencionado margen de ingreso, el incremento será de 0,8%.

El porcentaje de reajuste que corresponda aplicar en cada caso será reflejado también en las asignaciones, beneficios y demás retribuciones en dinero, imponibles para salud y pensiones, o no imponibles, asociadas a los grados, niveles o categorías respectivas.

Se excluyen del reajuste las remuneraciones del presidente, ministros y fiscal de la Corte Suprema, así como del contralor general de la República. De igual modo, no se reajustarán los sueldos mensuales, asignaciones, beneficios y demás atribuciones de los grados A, B, C y 1ª, lo que afecta a los jefes de servicios junto con otras autoridades públicas del país como, por ejemplo, el fiscal nacional y los secretarios de la Cámara y del Senado.

Por otra parte, se tiene presente que la Ley 21.233 reformó la Constitución para definir un mecanismo de fijación de las remuneraciones de los ministros de Estado y parlamentarios, sistema que, en su modalidad transitoria, se mantiene vigente hasta que surja la metodología de asignación permanente. En tal plano, dichas autoridades no pueden ser objeto de reajuste.

PURANOTICIA