"Tarifas de seguridad" tienen enfrentadas a la Fiscalía Nacional Económica con tres empresas portuarias de Valparaíso y San Antonio

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en contra de las empresas portuarias Terminal Pacífico Sur (TPS) de Valparaíso, San Antonio Terminal Internacional (STI) y DP World de San Antonio, por fijar un cobro "injustificado" por tarifas de seguridad.

El documento de 33 páginas, al que pudo acceder Puranoticia.cl, da cuenta que estos cobros se están aplicando tanto a exportadores como a importadores, quienes también han evidenciado su molestia por esta tarifa de 15 a 18 dólares por contenedor y entre 0,8 y 0,87 dólares por tonelada de carga fraccionada, la cual está vigente desde septiembre de 2019 en TPS, desde septiembre de 2020 en STI y desde febrero de 2021 en DP World, y la que de no pagar no se permite el embarque.

Según estableció la FNE en su requerimiento, "los cobros de las tarifas de seguridad realizados por cada una de las requeridas constituyen comportamientos abusivos. Lo anterior es así pues, tales cobros no tienen justificación y responden más bien a la habilidad que tuvieron TPS, STI y DPW para sortear individualmente los obstáculos que les impedían aumentar las tarifas básicas de transferencia cobradas a las navieras".

También plantearon que "estos abusos permitieron a las requeridas aumentar su recaudación total, porque continuaron cobrando similar tarifa a las navieras por concepto de servicios básicos de transferencia de carga y comenzaron a exigir el pago de nuevas tarifas de seguridad a importadores y exportadores. Esto condujo a que aumentaran ilícitamente sus ingresos totales, acercándose a través de estos abusos explotativos al máximo que les permiten sus respectivos contratos de concesión".

La Fiscalía Económica también señala que el hecho de que las tres firmas portuarias implementaran este cobro implica que "casi la totalidad de los importadores y exportadores que movilizan su carga por la región de Valparaíso se vieron afectados, ya que TPS, STI y DPW concentran la mayor parte de la industria, con niveles cercanos al 100% en el caso de la carga en contenedores. Como se observa, se cerró totalmente cualquier posibilidad que hubiesen tenido los importadores o exportadores de hacer frente a estos comportamientos anticompetitivos".

Frente a esto, el Consejo Exportador de Alimentos expresó su molestia a través de una carta a las empresas portuarias de Valparaíso y San Antonio: "No corresponde a los usuarios del puerto tener que esperar una decisión judicial que puede demorar años, cuando los hechos han sido claramente establecidos por la FNE e implican un costo para el comercio exterior del país del orden de los US$ 16 millones anuales, considerando todos los terminales portuarios de la zona central del país, que aplican este cobro", señala la entidad que agrupa a varios gremios alimentarios.

El presidente del Consejo Exportador de Alimentos, Claudio Cilveti, indicó a El Mercurio que, si bien, no se trata de montos elevados, este "cobro hormiga" les afecta porque "no se justifican y han permitido a los concesionarios obtener ingresos indebidos. Uno de los puntos que identifica la Fiscalía es que las obligaciones de seguridad estaban incluidas en la tarifa de transferencia de la carga desde el origen de la concesión, por lo que un cobro adicional por seguridad no tenía justificación".

Junto a indicar que los exportadores aumentaron cerca de 20% los costos tras la implementación de esta tarifa de seguridad, el dirigente gremial sostuvo que "estos cobros deberían pagarlos los importadores, a través de las navieras, y no los exportadores", agregando que "Chile tiene una posición exportadora demasiado relevante como para darse los lujos de tener este tipo de errores".

Frente al requerimiento de la FNE, desde San Antonio Terminal Internacional manifestaron que "el security fee no ha excedido la tarifa máxima dentro de lo establecido en su contrato de concesión" y que el documento ante el TDLC supone un cambio de opinión, "pues ya se había estudiado el caso de TPS y descartado inconvenientes. En base a este antecedente, la EPSA validó la tarifa para STI", agregando que "esta nueva posición afecta a todo el sistema portuario y su funcionamiento, y desincentiva las necesarias inversiones en materia de seguridad que requiere el comercio exterior, que por lo demás son exigidas por otros entes del Estado”.

Finalmente, Terminal Pacífico Sur expuso en otro comunicado que "lamenta ser sorprendida y afectada su reputación de esta forma, sin que se cumplan condiciones mínimas que es dable esperar para garantizarle su derecho a defensa. Las acusaciones de la Fiscalía Nacional Económica carecen de fundamento".

PURANOTICIA