Vocera de Gobierno aludió a "posible red de corrupción de cuello y corbata" tras prisión preventiva de exdirector de la PDI

La ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, abordó la decisión del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago de decretar la medida cautelar de prisión preventiva para el exdirector general de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, imputado por delitos de revelación de información secreta al abogado Luis Hermosilla, imputado en el «Caso Audio».

“Es evidente que la situación que se está investigando ha dañado la fe pública, se han traicionado las confianzas de nuestros compatriotas, de la ciudadanía, frente a instituciones tan importante como una institución que investiga el delito y el crimen organizado”, dijo.

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“Como Gobierno queremos reiterar, en ese sentido, nuestra condena absoluta, categórica y tajante ante estos hechos que revisten la máxima gravedad. Con esto se ha revelado indicios de una posible red de corrupción de cuello y corbata, una red que se habría, posiblemente, organizado para entorpecer las labores investigativas en distintas causas relacionadas a corrupción por parte de la fiscalía”, insistió la vocera.

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“La sola posibilidad de que se haya con esto entorpecido el trabajo de la fiscalía, produce escozor. Estamos hablando de una posible red de corrupción de cuello y corbata que implica no solamente al ex funcionario de la PDI, al ex director general de la PDI, una institución sumamente relevante, sino que también a ex personeros de Gobierno y líderes políticos, hasta el momento de la oposición”, indicó.

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“Estamos hablando del «Caso Dominga», el «Caso Enjoy», estamos hablando también a un caso asociado al ex director de la PDI, Héctor Espinoza, a otro ex director de la PDI, y también el «Caso Guevara», entre otros casos. Esto es de suma gravedad”, explicó Vallejo.

"Tenemos una agenda legislativa y quiero poner eso en el centro. Hemos propuesto al país distintas iniciativas legales, una de ellas ya se aprobó, que tiene que ver con la ley de delitos económicos y ambientales. Esa ley nos ha permitido la tranquilidad y la certeza que frente a hechos de corrupción no va a haber más clases de ética y que van a haber sanciones de verdad y proporcionales a los delitos que se han cometido”, sostuvo.

La vocera llamó a la ciudadanía a cuidar las instituciones y aseguró que, si bien la investigación tiene un plazo de duración de 120 días, todavía pueden descubrirse nuevos delitos. “Sabemos que es una investigación que tiene un punto de partida, pero no sabemos dónde terminará. Como Gobierno estaremos disponibles hasta el final en todo lo que se requiera para que esta investigación llegue hasta las últimas consecuencias”.

“Aquí lo que se requiere es garantizar que no hay impunidad, aunque implique a delincuentes de cuello y corbata, aquellos que son más poderosos y tienen más redes”, finalizó Vallejo.

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