Subsecretario Monsalve afirma que hay "problemas estructurales para la persecución penal en el sur"

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió a la polémica decisión del Gobierno de no extender hasta la región de Los Ríos, el Estado de Excepción que hoy rige en La Araucanía y Biobío.

En conversación con radio ADN, Monsalve señaló que "la línea del Gobierno respecto a los Estado de Excepción ha sido una sola. El Presidente siempre ha sostenido que el Gobierno está disponible a usar todas las herramientas que da el estado de derecho para resguardar la seguridad de las personas".

El subsecretario justificó la decisión en que "del 2015 al 2022, si uno mira los hechos de violencia rural en las cuatro regiones de la zona sur, el 3,8% de esos hechos de violencia han ocurrido en la región de Los Ríos. Si uno mira lo que llevamos del año 2022, el 5% de los hechos de violencia han ocurrido en la región de Los Ríos”.

Asimismo, añadió que "desde el punto de vista cuantitativo, el 94% de los hechos de violencia rural están concentrados en los territorios en donde está declarado el Estado de Excepción", es decir, "las organizaciones criminales que desarrollan hechos de violencia están concentradas y tienen su capacidad operativa en los territorios que hoy tienen estado de excepción".

“Respecto a Los Ríos, reconocemos que hay una demanda de mayor seguridad (…) creo que estamos respondiendo de manera adecuada, en el contexto de una situación que es delicada”, subrayó.

Respecto a los dichos del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, quien reconoció el robo y venta de madera para comprar armas, la autoridad del Ministerio del Interior, dijo que estas declaraciones eran "graves", pues "reivindica el uso de las armas y en democracia la violencia no tiene espacio".

"A partir de las declaraciones de Héctor Llaitul ampliamos una demanda pública al fiscal nacional, para habilitar al Ministerio Público para investigar, determinar si hay delito y, si es que lo hay, eventualmente detener y procesar. El Gobierno no puede detener personas, la persecución penal la hace otro organismo", agregó Monsalve.

Sobre la falta de resultados en el caso de Llaitul, el subsecretario detalló que "esto ocurre porque el Ministerio Público enfrenta dificultades para llevar adelante la persecución penal y lo que nosotros le hemos dicho es que nos digan cuáles son esas dificultades, para ver en qué forma el Gobierno concurre a ayudar el Ministerio Público”.

"¿Hay problemas estructurales para la persecución penal en el caso del sur? Yo creo que sí", expresó.

Además, enfatizó en que "para perseguir el crimen organizado, hay que fortalecer ciertas brechas legislativas y nosotros presentamos indicaciones al proyecto crimen organizado que busca dotar de capacidad al Estado para usar técnicas especiales de investigación en toda forma de crimen organizado, sea robo de manera, narcotráfico, trata de personas, entre otros”.

“La habilitación legal para investigar la tiene el Ministerio Público. Por lo tanto, es responsabilidad del Ministerio Público investigar e informar al país respecto a los resultados de esa investigación”, cerró Monsalve.

PURANOTICIA