Subsecretario de Justicia asegura que “corrupción en Gendarmería puede ser letal, seremos inflexibles"

El subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo (PC), advirtió que la corrupción en Gendarmería "puede ser letal", por lo que será "inflexible" ante cualquier situación de ese tipo, sobre todo por el aumento del crimen organizado al interior de los penales.

En entrevista con La Tercera se le consultó por el crimen organizado en los penales, a lo que respondió que "son aproximadamente 600 personas las que estarían vinculadas a estas bandas, concentradas principalmente en la Macrozona Norte y en la Región Metropolitana. El crimen organizado es una de las principales amenazas que hay para el Estado de Derecho en el mundo; pero más que constatarlo, hay que tomar las medidas para enfrentarlo".

En cuanto a las vinculaciones de gendarmes con estas bandas, señaló que "requieren de condiciones dignas de infraestructura, condiciones dignas en su lugar de trabajo y en su carrera funcionaria para evitar y prevenir cualquier atisbo de corrupción. La corrupción en Gendarmería puede ser letal, y seremos inflexibles con cualquier situación que implique una falta a la probidad o que ponga en riesgo la seguridad de los recintos penitenciarios, la vida de los funcionarios o su integridad".

Añadió que "se están tomando las medidas para que esta institución tenga las capacidades operativas para enfrentar el crimen organizado. No podemos permitir que sea cooptada por bandas vinculadas con el crimen organizado. Si eso ocurre, lamentablemente estaríamos en riesgo en general".

También dijo que "este último año y medio hemos tenido un aumento explosivo de personas privadas de libertas y a raíz de eso, lo que nosotros hemos estado haciendo es no sólo mejorar nuestras capacidades para enfrentar el crimen organizado, sino que también hacernos cargo de una de una proyección estadísticas de que de aquí al 2030 superaríamos las 60.000 personas privadas de libertad".

"La capacidad de nuestro sistema penitenciario desde el año 2012 hasta el año pasado, era de 42.000 personas privadas de libertad. Tenemos una brecha. Por eso iniciamos un plan de infraestructura que cuenta con distintos ejes", agregó.

"Se están reaperturando recintos, continuamos procesos de habilitación, se están diseñando nuevos establecimientos y, además, tenemos un proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso, que nos va a permitir descongelar los planes reguladores para ampliar recintos penitenciarios", concluyó.

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