RD solicita a su Tribunal Supremo la expulsión de los involucrados en polémica por convenios

El Consejo Político Nacional de Revolución Democrática (RD) pidió a su Tribunal Supremo la expulsión de sus militantes involucrados en los polémicos tres convenios Serviu de casi $426 millones que fueron adjudicados a la fundación Democracia Viva.

La controversia surgió debido a que el acuerdo fue suscrito entre el entonces seremi de Vivienda, Carlos Conteras, y el representante legal de la fundación, Daniel Andrade. El primero fue jefe de gabinete de la diputada Catalina Pérez y el segundo es su actual pareja, siendo los tres afiliados a RD.

En un comunicado, el partido liderado por Juan Ignacio Latorre aseguró que "siempre hemos impulsado la importancia de elevar el estándar de la función pública, asegurando los principios de probidad y transparencia en la toma de decisiones. Por eso nuestra normativa interna previene la corrupción, y sanciona las faltas a la ética que los militantes cometan tanto en su vida profesional, personal, o política".

"Bajo este marco, condenamos toda conducta de algún militante de nuestra colectividad que contravenga estos principios, y que supongan un evidente conflicto de interés, más allá de la legalidad de los actos administrativos; pues comprendemos el daño que estos hechos generan en la confianza de la ciudadanía", añadió.

De esta manera, la tienda que integra el Frente Amplio informó que "como Consejo Político Nacional, hemos llegado al convencimiento de que ambos afiliados involucrados en los convenios, suscritos entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, han infringido nuestra normativa interna vigente".

"Es por ello que hemos decidido solicitar al Tribunal Supremo que considere su expulsión; en base a nuestras normas internas, que fueron creadas para prevenir y enfrentar este tipo de actos", anunció.

PURANOTICIA