Prohibición de tenencia de armas, reforma a Carabineros y plan anti crimen organizado: los anuncios del Gobierno en temas de seguridad

Cinco fueron los ejes que abordó el presidente Gabriel Boric en su primera Cuenta Pública a la Nación, actividad republicana efectuada en el Salón de Honor del Congreso Nacional, en Valparaíso, y donde el punto de «Justicia y Seguridad» concitó gran parte de la atención de las autoridades e invitados presentes en el lugar.

"Chile merece vivir en paz", comenzó diciendo el Mandatario, quien agregó que "necesitamos recuperar los espacios públicos", enumerando luego que esto se consigue con actividades comunitarias, culturales, que convoquen a todos.

De igual forma, aseguró que "estamos trabajando para que ninguna persona se sienta atemorizada esperando una micro para ir al trabajo o para llegar a su casa o sufrir un portonazo; que niños y niñas puedan ocupar libremente los parques y plazas de sus barrios y que recuperemos nuestros espacios públicos".

Junto a hacer un llamado a "no normalizar" las violencias que se han apreciado durante los últimos años, el Mandatario sostuvo que fortalecer el control civil y aumentar la efectividad del trabajo en seguridad requiere de una institucionalidad especializada. Así es como anunció la presentación de indicaciones al proyecto de Ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública, Protección Civil y Convivencia Ciudadana.

Su discurso prosiguió refiriéndose a la Reforma a Carabineros, de la que dijo que llevarla a cabo es "mejorar la seguridad del país y renovar una institución que cumple un rol fundamental en el Estado".

También aseguró que "la reforma es por la institución y no en contra de ella".

"Contamos con la activa participación de miles de funcionarios que reconocen la necesidad de mayor transparencia, colaboración y revisión de prácticas para asegurar el apego irrestricto al Estado de derecho y la protección de los derechos humanos", agregó el presidente desde el Congreso Nacional.

De igual forma, planteó que desde que asumieron el Gobierno, han avanzado en medidas concretas como la redistribución de policías, para lo cual reforzaron la dotación de Carabineros en 17 comunas con alta presencia de violencia, sumando 750 policías en la calle.

Y aseguró al respecto que "vamos a profundizar esta medida y a trabajar en los criterios adecuados que aseguren un acceso equitativo a la seguridad, para que ésta llegue a los lugares que más lo necesitan, junto con alcaldes y alcaldesas".

Boric exigió justicia para Segundo Catril Neculqueo, Francisca Sandoval Astudillo, Byron Castillo, el detective Luis Morales y el sargento Francisco Benavides, y dijo que "en nombre de ellos y de todas las víctimas de la violencia es que estamos trabajando para fortalecer la capacidad de prevención y control de las violencias".

Para ello, anunció que van a invertir 1.800 millones de pesos en mejorar las capacidades periciales de la Policía de Investigaciones (PDI).

Para aumentar la presencia policial, dijo haber desarrollado un programa con Carabineros, que será puesto en marcha en todo el país este año. Además, tienen previsto un incremento del 40% en el ingreso de personal para el año 2023.

También se refirió a la inauguración, durante los próximos meses, de cuatro nuevos cuarteles policiales en Arauco, San Felipe, Coronel y Las Cabras. Junto a ello, se empezará la construcción de cinco cuarteles policiales en las comunas de Taltal, Concepción, Arica, Longaví y Maipú.

La Policía de Investigaciones, para el 2023, tendrá también la construcción de los siguientes cuarteles: Viña del Mar, Los Andes y Puerto Varas.

Respecto a la violencia armada, el presidente Gabriel Boric aseguró que "no será tolerada", agregando que el programa «Menos Armas, Más Seguridad» propone la limitación radical de su acceso legal.

Frente a ello, solicitó al Congreso su apoyo para aprobar una Ley que permita avanzar hacia la prohibición total de tenencia de armas y que, al mismo tiempo, fortalezca la institucionalidad a cargo de la fiscalización.

De igual forma, y en conjunto con las instituciones policiales, anunció que incrementarán las fiscalizaciones para desbaratar las organizaciones dedicadas al tráfico de armas ilegales. "Chile sin armas es un Chile más seguro", afirmó.

Ene se sentido, anunció que el plan aplicado en el barrio Meiggs de Santiago será replicado en el Plan de Acción para el Control y Fiscalización del Comercio Ilícito y Callejero que está siendo implementado en 12 regiones del país, para avanzar en la fiscalización, la persecución penal y regularización laboral.

Sobre la presencia del crimen organizado, del narcotráfico, el tráfico de migrantes, la trata de personas, el robo de madera y el lavado de dinero, dijo que "es evidente" en nuestro país, anunciando que este año se aprobará una Política Nacional Contra el Crimen Organizado, para lo cual destinarán $3.000 millones del presupuesto 2022 para su prevención, control y persecución.

"Hemos priorizado un paquete legislativo que permitirá aumentar la efectividad de la persecución penal del crimen organizado, que incluye mejorar las técnicas de investigación, enajenación temprana, fortalecimiento de capacidades de la Unidad de Análisis Financiero y la actualización de la tipificación de la asociación ilícita", indicó.

Para combatir el crimen organizado, en septiembre de este año se presentarán las indicaciones que reformularán el proyecto de ley que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado.

De esto, dijo que en el sur han realizado un aumento significativo de la capacidad operativa de Carabineros. Es por ello que invertirán $4.500 millones para la compra de camionetas blindadas. También se dispondrá de $1.000 millones para la compra de drones que faciliten la acción policial.

"Nada podrá calmar el dolor de los cientos de parientes de víctimas de delitos violentos, pero quiero ratificar mi compromiso para avanzar hacia la creación del Servicio Integral de Apoyo a Víctimas de Delitos", dijo.

En el caso de la violencia rural, reformularán el Programa de Apoyo a Víctimas de Violencia Rural, que entrega subsidios de reposición económica a quienes hayan visto afectadas sus actividades productivas y/o comerciales y brinda apoyo jurídico y psicosocial a las víctimas en las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos.

Respecto al Estado de Excepción Constitucional en las provincias de BíoBio, Arauco, Cautín y Malleco, mencionó que "estoy consciente que esta medida no resuelve el problema de fondo", pero insistió en que como Presidente "tengo el deber de utilizar todas las herramientas jurídicas para garantizar la seguridad de la población".

Durante los cuatro años de Gobierno, el presidente Boric se comprometió a destinar más de 48 mil millones de pesos en inversión en infraestructura para la seguridad en el marco del programa Nuestro Norte. De hecho, dijo que sólo este año invertirán $17 mil millones para mejorar la reposición de retenes, comisarías y tenencias en las regiones de Antofagasta, Tarapacá, Arica y Parinacota.

Finalmente, sostuvo que "como Presidente, estoy decidido a hacer respetar la ley, y que los ciudadanos y trabajadores puedan volver a caminar tranquilos por sus ciudades y transitar en paz por sus campos y caminos".

PURANOTICIA