Presupuesto sin fondos para víctimas del estallido social genera molestia en el PC

El proyecto de Ley de Presupuesto 2024 presentado por el Gobierno al Congreso consignó cero fondos para el Programa de Derechos Humanos del Estallido Social.

Según publica La Tercera, el plan para víctimas de violaciones a los derechos humanos en el marco de las manifestaciones de 2019 se redujo en un 100%, pasando de $181.155.000 aprobados para 2023 a $0. Asimismo, se comprobó que tampoco hay recursos destinados a "víctimas de violencia institucional".

Acorde a lo explicado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Agenda Integral de Verdad, Justicia y Reparación a víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social presentada en 2022 por el Presidente Boric se materializará con el presupuesto de otros ministerios, pues será mediante medidas sectoriales.

Desde la repartición del subsecretario Xavier Altamirano (PS) expusieron que "los fondos que se entregaron en contexto de estallido social nunca han sido recursos dirigidos a la reparación de personas víctimas del estallido, sino que estaban destinados a recabar y sistematizar información para determinar las necesidades y situación actualizada de las víctimas".

"Ese informe estuvo a cargo del equipo de la psicóloga y especialista en derechos humanos Elisabeth Lira y ya se entregó. Lo que viene ahora es la implementación de las medidas permanentes recomendadas en dicho informe", sumaron

En la misma línea, indicaron que "para ese fin, se mantiene la línea programática de violencia institucional, asociada al estallido, la que podrá tener reasignaciones presupuestarias, según se lleven a cabo esas medidas cuya ejecución está a cargo de la Subsecretaría de Derechos Humanos".

"Cabe destacar que esta subsecretaría ha ejecutado un conjunto de acciones de coordinación y de suscripción de convenios con distintas entidades -ministerios de Salud y de Interior, entre otros- para atenciones prioritarias de víctimas identificadas producto del estallido", mencionaron.

Consultado al respecto, Enrique Gatica, hermano de Gustavo Gatica -una de las víctimas más emblemáticas- y exfuncionario de la Subsecretaría de Derechos Humanos, lamentó que "no ha existido una voluntad real de hacerse cargo del compromiso que significaba elaborar una política integral para víctimas de violación a los derechos humanos en el contexto del estallido social. Creo que eso queda muy claro a nivel de gobierno central, que incluso no ha existido una voluntad de establecer un relato".

"Existe una sensación de abandono, hay algunos organismos del Estado que han tenido una voluntad genuina de colaborar con las víctimas, con prestar ciertos servicios, prestar acompañamientos, no ha existido un discurso claro, una voluntad articulada del gobierno central para acompañar a las víctimas, y eso genera una sensación de abandono, de desamparo", agregó.

MOLESTIA DEL PC

La vicepresidenta de la Cámara Baja, la diputada Carmen Hertz (PC), señaló que "dejar sin recursos la reparación a las víctimas de agentes del Estado durante el estallido social es ignorar los pilares fundamentales del nunca más y de las garantías de no repetición: la verdad, la justicia y la reparación no se está cumpliendo con las obligaciones internacionales que el Estado de Chile tiene cuando se violan los derechos fundamentales de las o los ciudadanos".

En tanto, el diputado Matías Ramírez (PC), aseveró que "existe una deuda por parte del Estado chileno no solamente respecto a las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura, sino que también en el contexto del estallido social, que se mantienen vigentes. Aquello nos parece sumamente preocupante".

"Han sido las propias organizaciones y víctimas de la violencia institucional quienes han indicado que no existe un cronograma claro respecto a la reparación y garantías de no repetición, sumado a la escasez también de investigación que hayan llegado a condenas en los tribunales de justicia", planteó.

El parlamentario expuso que "si bien el gobierno ha indicado que algunas partidas fueron distribuidas particularmente a Salud, para ir en ayuda de las víctimas del estallido, creemos que de todas formas es insuficiente (...) aquello no solamente es responsabilidad del gobierno, sino también de la institucionalidad. La oposición actualmente lleva a cabo una comisión investigadora que busca cuestionar la entrega de pensiones de gracia a víctimas del estallido".

"En el marco de una conmemoración del 18 de octubre, se tienen que generar compromisos claros no solo sobre el financiamiento, sino también sobre la reparación integral, de las medidas que vayan para las víctimas de la violencia institucional", acotó

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