Pleno de la Convención Constitucional aprueba la creación de la Defensoría del Pueblo

El Pleno de la Convención Constitucional tramita el informe de reemplazo de la Comisión de Sistemas de Justicia, dando luz verde a las atribuciones de un serie de organismos autónomos.

Entre los artículos despachados al borrador de la nueva Constitución aparece la creación de una Defensoría del Pueblo, organismo que cumplirá una función similar al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

El ente tendrá la función de garantizar la "promoción y protección de los derechos humanos asegurados en la Constitución, en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile, así como los emanados de los principios generales del derecho y de las normas imperativas reconocidas por el derecho internacional".

Ello frente a "actos u omisiones de los órganos de la administración del Estado y de entidades privadas que ejerzan actividades de servicio o utilidad pública, en la forma que establezca la ley". El texto fue aprobado con 129 votos a favor, cinco en contra y 18 abstenciones.

También avanzó a la Carta Magna el rango constitucional de la Defensoría Penal Pública. Con 131 votos a favor, uno en contra y 19 abstenciones, se aprobó que se trata de un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Su función será "proporcionar defensa penal a los imputados por hechos que pudiesen ser constitutivos de delito, que deban ser conocidos por los tribunales con competencia en lo penal, desde la primera actuación de la investigación dirigida en su contra y hasta la completa ejecución de la pena que le haya sido impuesta, y que carezcan de defensa letrada".

Asimismo, también fue aprobado con 103 votos a favor, tres en contra y 41 abstenciones, el artículo que consagra las atribuciones de la Defensoría de la Niñez. La norma define a la entidad como un "organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio".

Su objeto será "la difusión, promoción y protección de los derechos de que son titulares los niños, en conformidad a la Constitución Política de la República, a la Convención sobre los Derechos del Niño y a los demás tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes, así como a la legislación nacional, velando por su interés superior".

Por otro lado, el Pleno rechazó la norma que creaba un consejo superior encargado de designar al fiscal nacional y a un director ejecutivo nacional.

"Al Consejo Superior le corresponderá designar a la o el Fiscal Nacional, de entre sus integrantes. Además, designará a una o un director ejecutivo nacional, por concurso público", indicaba el artículo rechazado por 85 votos a favor, 55 en contra y 12 abstenciones.

La idea había sido cuestionada por el fiscal nacional, Jorge Abbott, quien durante su última cuenta pública advirtió que "el establecimiento de contrapesos o equilibrios en las estructuras de poder, es por cierto una materia que, por cierto, debe ser parte de la discusión democrática y, en consecuencia, de interés del constituyente. Sin embargo, para contar con un ente persecutor, primordial en el sistema de justicia penal y que actúe con facultades ejecutivas, es necesario que la autoridad y el liderazgo institucional no se diluyan".

PURANOTICIA