PDI regresa a Ministerio de Desarrollo Social para respaldar servidores por caso Convenios

Detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) durante la noche del viernes regresaron al Ministerio de Desarrollo Social con una orden judicial para realizar copias de los servidores y asegurar la evidencia relacionada con el caso Convenios, esto luego del robo ocurrido el pasado miércoles en la cartera, donde sustrajeron 23 computadores y una caja de seguridad.

Según informó Emol, anteriormente la PDI había acudido al edificio ubicado en calle Catedral apelando a la voluntariedad para materializar esta y otras diligencias, pero no lograron hacer la copia de los servidores debido a se les habría señalado que para esta acción se requería autorización y coordinación de las jefaturas de la repartición.

Tras esta situación, la policía volvió al lugar con una orden judicial. La instrucción para el allanamiento provino del fiscal de Alta Complejidad de la Araucanía, Carlos Cornejo, quien dirige las pesquisas por una investigación por eventual fraude al fisco y otros posibles delitos, relacionada con el traspaso de recursos desde organismos públicos —como seremis, gobiernos regionales y la Conadi, dependiente de Desarrollo Social— a fundaciones.

Además, existe otra causa abierta en la zona relacionada con fondos entregados por Desarrollo Social a la fundación Creceres. En esta indagación, también se allanaron dependencias en la comuna de Angol, donde se encuentra la vivienda de la delegada presidencial de Malleco, Andrea Parra (PPD).

En medio de la investigación, el ministro Giorgio Jackson ha asegurado que toda la información relacionada con los convenios está respaldada y que los resultados de la investigación interna se entregarán al Ministerio Público.

Adicionalmente, existe un tercer proceso en curso en la región, sin relación con el atraco, vinculado con el traspaso de recursos desde el Gore de la Araucanía a la Fundación Loca.

En relación al robo que afectó a la cartera, este viernes la Fiscalía Metropolitana Centro Norte formalizó a Miguel Ángel Apablaza (24), quien se encontraba cumpliendo una condena anterior en la cárcel de Puente Alto.

En esta oportunidad, al imputado se le atribuyó haber dirigido el atraco desde el penal mediante una llamada telefónica y suplantar al ministro Giorgio Jackson para engañar a los guardias de seguridad. En tanto, a una segunda imputada, su abuela, Elena Roja (69), se le atribuyó el haber recibido y guardado los computadores por encargo de su nieto.

Hasta el momento, la caja de seguridad, que contenía boletas de garantía de convenios, sigue desaparecida, y no se han encontrado pistas sobre su paradero ni sobre los hombres de overoles blancos que la sustrajeron de la cartera durante el asalto.

PURANOTICIA