Sábado 30 de septiembre de 2023 17:21

Ministra Camila Vallejo asegura que autotutela aumentaría la sensación de inseguridad: "Se genera un problema mayor"

Camila Vallejo llamó a tramitar con “sentido común” el veto ingresado por el Ejecutivo a la ley que sanciona las usurpaciones y a no caer en el “populismo legal”.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, llamó a tramitar con “sentido común” el veto ingresado por el Ejecutivo a la ley que sanciona las usurpaciones y a no caer en el “populismo legal”, recordando que si no es aprobado, seguirá vigente la norma general de legítima defensa.


“Es un veto supresivo y, si no se aprueba, se mantiene la norma general que es la que existe de legítima defensa como todo ciudadano tiene frente a este tipo de situaciones que pone en amenaza su vida. Entonces, mantendríamos la legislación vigente por la forma que tiene este veto, pero es importante apelar al sentido común, porque yo creo que en estos debates no podemos seguir cayendo en el populismo penal”, dijo en entrevista con Chilevisión.


En ese contexto, afirmó esta administración ha enfrentado los requerimientos en materia de seguridad de manera “inteligente, estratégica, con recursos y mejor coordinación” y esta estrategia está dando frutos.


De otro modo, aseguró, “nos va a llevar a que las policías no tengan que necesitarse, porque somos nosotros mismos los que habilitamos el uso de armas como defensa, o uso de terceros como defensa frente a la delincuencia, vamos a acrecentar la sensación de inseguridad, porque vamos a decir 'las policías no sirven, somos nosotros los que nos tenemos que defender', y si hay personas que tienen miedo frente a eso, se genera un problema mayor en cuanto a sensación de inseguridad y desprotección del Estado. Necesitamos fortalecer las herramientas del Estado para que la gente esté y se sienta más protegida”, afirmó.


“Tenemos un Estado de Derecho y la gracia es que cuando eres víctima tienes tu legítima defensa, pero son las policías las que tienen que actuar y la justicia es la que tiene que determinar las pruebas y responsabilidades, y no los ciudadanos. Lo que hacía la legítima defensa privilegiada era permitir responder frente a este delito con el uso de armas con terceros y eso iba a habilitar legalmente la confrontación violenta entre civiles, y en eso nunca estuvimos de acuerdo”, subrayó.

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