Los millonarios pagos que ha recibido de una casa de apuestas el principal lobbista del rubro en el Congreso Nacional

Carlos Baeza Guíñez, el abogado detrás del lobby de la industria de casinos online tanto en el Congreso Nacional como en los medios de comunicación, recibió un pago de más de $1.000 millones de parte del sitio de apuestas Latamwin.

Los pagos quedaron al descubierto en una denuncia del Servicio de Impuestos Internos (SII), en el marco de la investigación que el Ministerio Público lidera contra diversas empresas del rubro, con la finalidad de conocer quiénes están detrás de ellas.

Según consigna un reportaje de Radio Biobío, el profesional de las leyes y asesor estrella de firmas como Betsson, Betano, Coolbet y Latamwin, resulta clave para llegar a los controladores reales de estas empresas de casinos en línea.

Los millonarios desembolsos a Carlos Baeza se efectuaron entre junio de 2021 y marzo de 2023, por medio de 49 facturas emitidas por sociedades del propio abogado a Inversiones FCW Limitada, constituida en Chile bajo la razón social de Latamwin SpA, la cual no declaró ingresos desde el extranjero entre ambos años, pero sí rentas de origen nacional para el Impuesto de Primera Categoría, con ganancias por $2.994 millones el año 2021 y por $4.699 millones durante 2022, totalizando $7.600 millones.

El artículo también da cuenta que los principales gastos de Latamwin dicen relación con los pagos de honorarios del jurista que era recurrente en los pasillos del Congreso, bajo la glosa «Asesoría legal»; mientras que otros dos corresponden al cumplimiento de resultados, por $328 millones y $345 millones cada uno.

Y es que el lobbista registra reuniones con al menos 12 diputados y dos asesores, en el marco de proyectos de ley para regular la industria de los casinos online: Alejandro Bernales, Gonzalo de la Carrera, Joaquín Lavín, Miguel Mellado, Vlado Mirosevic, Frank Sauerbaum, Boris Barrera, Tomás de Rementería, Eric Aedo, Marisela Santibáñez, Andrés Giordano y Felipe Caamaño. A ellos se suman Magda Cottet, asesora parlamentaria de Javiera Morales; y Rantul Angulo, asesor de Cristián Tapia.

Si bien, la investigación de Fiscalía anota "escasos avances" para determinar a los dueños de las empresas; la denuncia del SII apunta sólo a actores que han servido de nexo con terceros. Así es como aparece el nombre de Fernando Felicevich y su agencia Vibra, además de TVO Sport SpA y el propio abogado Carlos Baeza.

El profesional sindicado como lobbista de estas empresas en el Congreso, señaló a Radio Biobío que "los asuntos mencionados en la denuncia (del SII) forman parte de una investigación que actualmente está en curso. Por lo tanto, ese es el lugar donde corresponde referirse en detalle a esta materia", a lo que agregó que "en mi caso personal, corresponden a facturas emitidas en mi calidad de abogado, por distintos servicios que he prestado a través de mi estudio".

También comentó que "en abril de 2022, luego que en marzo fuera ingresado al Congreso el proyecto de ley que regula la operación de las plataformas de apuestas en línea, un grupo de compañías internacionales, con operación en el mercado chileno, decidieron aunar sus esfuerzos para poner a disposición de los parlamentarios toda la información disponible de la industria, la experiencia normativa en otros mercados, así como también sus opiniones".

"La finalidad de todas las reuniones con los miembros del Congreso es poner a disposición la información respecto de la experiencia internacional regulatoria de la industria de las plataformas de apuestas en línea, que pudiera contribuir como antecedente al análisis en torno al proceso de formación de la ley. Estas reuniones han incluido también a miembros del Senado, como parte integrante del Congreso", sumó.

Finalmente, ante la consulta de quiénes son los controladores de estas firmas en Chile, explicó que "son sociedades que no tienen domicilio ni residencia en Chile y son sociedades anónimas con múltiples accionistas, en países como Grecia, Suecia, entre otros. Lo importante acá es que los hechos que se describen en las querellas que investiga el Ministerio Público no son constitutivos de delito. Por lo tanto, las plataformas operan en Chile de manera legal, argumento que ha sido sostenido por diversos informes en derecho que han sido elaborados por destacados abogados del país, los cuales hemos hecho llegar de forma oportuna a las distintas autoridades".

PURANOTICIA