¿Lápida a parcelas de agrado? Gobierno ordena suspender tramitación de loteos agrícolas que puedan mutar a proyectos habitacionales

El pasado 27 de junio, alcaldes de diversas comunas de la región de La Araucanía se reunieron para abordar una problemática de años en la zona: el aumento de los loteos irregulares y construcción de parcelas de agrado en las laderas de zonas lacustres. El tema también fue comentado por Bienes Nacionales, quienes reconocieron que este problema afecta a la gran mayoría de las regiones del país.

En la instancia, desarrollada en Villarrica, se llegó a la conclusión de que gran parte del problema se genera por la falta de fiscalización frente al tema, pues muchas veces ésta se le entrega a los municipios, los cuales acusan no tener los recursos para poder efectuarla de buena manera. Es allí donde también se apuntó a la Ley 3.516 respecto al desarrollo inmobiliario en suelo rural.

Vale mencionar lo ocurrido en el sur, pues un mes después de este encuentro, se conoció que el Ministerio de Agricultura emanó un instructivo al Servicio Agrícola Ganadero (SAG), en el que le ordena adoptar una serie de medidas, tras constatar una proliferación de proyectos de loteo en zonas rurales del país, los cuales vulneran la normativa al simular que son para destino agrícola, cuando en realidad mutan a un destino habitacional.

"Con el fin de dar por establecido el cumplimiento de la legalidad vigente, si durante la evaluación de una solicitud de certificación de subdivisión de predios rústicos y en forma previa a la emisión del correspondiente certificado, advirtiera el SAG de situaciones que pudieren dar cuenta que el proyecto importa un eventual cambio del destino de los lotes o una vulneración de la prohibición de los artículos 55° y 56° de la LGUC, deberá suspender la tramitación y requerir informes", indica el texto firmado por el ministro Esteban Valenzuela.

Cabe hacer presente que el objetivo de este documento elaborado por el Ministerio de Agricultura es el de preservar el suelo rural para fines agrícolas, evitando de esta manera los efectos del desarrollo inmobiliario al margen de la planificación territorial.

El documento, como ya se indicó, prohíbe la entrega de certificados que autoricen una subdivisión por más de 5.000 metros a proyectos en áreas rurales, lo que implica el fin de los loteos para parcelas de agrado. Vale explicar que según la ley, una parcela de agrado es la subdivisión de un terreno, que tiene como finalidad el obtener mayores ganancias económicas, especialmente para uso habitacional.

El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, explicó la medida en conversación con Las Últimas Noticias, medio al que puntualizó que "hacerse el leso genera que los desastres avancen".

Ahora, respecto a qué pasará con las personas que adquirieron terrenos sin fines agrícolas, el secretario de Estado manifestó que "vamos a hacer la consulta a Contraloría, si hay exigencia frente a los que han mentido abiertamente y si se puede demostrar actividad agropecuaria en ellas, o si tienen los permisos de construcción y edificación respectivos".

Además, puntualizó que "estamos en las discusiones técnicas para determinar cómo se exige seriedad o se da plazo para las regulaciones, que los sitios muten de destino habitacional a hacer algo agropecuario porque tienen predios rústicos".

En cuanto a los informes mencionados en el texto, se trata de tres documentos solicitados: el primero, de la Seremi de Vivienda, que dé cuenta de las subdivisiones y construcciones en terrenos rurales, con fines ajenos a la agricultura.

El segundo deberá ser redactado por la Corporación Nacional Forestal (Conaf) respecto de la viabilidad de los caminos proyectados en el marco del cumplimiento de la normativa forestal, en caso que la subdivisión a analizar tenga bosque nativo, o vegetación esclerófila, o fuere un predio calificado de aptitud forestal.

El tercer informe deberá ser elaborado por la Subdirección de Agua Potable Rural de la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP, respecto al eventual impacto del proyecto de loteo en el abastecimiento de agua potable de los Comité o Cooperativas de APR. Esto, en caso que existan indicios claros de destinación a fines habitacionales.

"Todo otro informe que resulte pertinente requerir de otros servicios públicos, en el mérito de las singularidades de cada proyecto, en función de los antecedentes acompañados a la solicitud o aportados por terceros", agrega el instructivo al SAG.

El instructivo del Ministerio de Agricultura al SAG comienza recalcando que se trata de un hecho "de pública notoriedad" que durante el último tiempo se ha suscitado un "explosivo desarrollo de proyectos inmobiliarios en el área rural" y que este, en gran medida, se ha verificado a partir de subdivisiones prediales practicadas al amparo del Decreto Ley N° 3.516 de 1980, la cual establece normas sobre la división de predios rústicos, con infracción de la prohibición de cambiar su destino.

De igual forma, sostienen que parte de la industria y los desarrolladores inmobiliarios han ajustado sus proyectos para vulnerar el espíritu del citado decreto, al "lotear terrenos rurales, simulando que continúan teniendo fines agrícolas, ganaderos o forestales, aunque en realidad sus usos finales son de tipo habitacional".

A juicio de la secretaría de Estado, esto "importa una verdadera amenaza a los sistemas agroproductivos, al ecosistema y al equilibrio socio-ecológico de las localidades". Y es que dependiendo del lugar donde se ubiquen, es posible que hasta cuenten con un sistema de Agua Potable Rural (APR) –potencialmente amenazado por el incremento de la demanda– y con deficientes sistemas de recolección de basura u otros servicios considerados esenciales en zonas urbanas, pero ausentes en la ruralidad.

Por todas estas "amenazas" –a las que el Gobierno suma problemas en el acceso al agua, saturación vial y otras externalidades negativas por la urbanización no planificada y sin medidas previas– se ha efectuado un análisis al marco normativo y regulatorio vigente en materia de subdivisiones, planteamientos que han sido sometidos a la consideración de la Contraloría General de la República.

Una vez conocido el instructivo del Ministerio de Agricultura, Puranoticia.cl conversó con el consejero regional (core) Manuel Millones, quien preside la Comisión de Ordenamiento Territorial del Core de Valparaíso, para conocer la realidad que enfrenta la región de Valparaíso en esta materia.

Bajo este contexto, Millones aseguró que durante los últimos cuatro años, el SAG en la región de Valparaíso "ha venido siendo más exigente con esos requerimientos y ha frenado algunos proyectos o ha exigido mayores antecedentes". Pero a pesar de aquello, dijo que de "igual se vienen ejecutando loteos en zonas rurales, lo que presiona el recurso hídrico".

Además, agrega otro dato: "No todas estas zonas son aptas para la agricultura y por eso es muy importante la distinción entre proyecto y proyecto". En ese sentido, explicó que hay parcelaciones en zonas de secano o de rulo, donde sus propietarios se las arreglan igual para reforestar, aunque no tengan agua.

También aseguró que ha visto loteos irregulares en suelos rurales y con vocación para la agricultura, bajo la figura de ventas de derechos o sociedad por acciones. Por ello, cree que "el problema es complejo y requiere regulación, por cuanto en todos los casos se usan suelos con vocación agrícola, forestal o rural. No obstante, las personas también tienen el derecho a un techo y a contar con una vivienda, y lo hacen donde la norma les permite".

Junto a solicitarle al ministro Valenzuela que "clarifique los alcances de su circular" respecto a los impactos que pueden tener ciertas interpretaciones, el Core subrayó que "es bueno que también tenga presente que todas las semanas el Servicio de Evaluación Ambiental aprueba proyectos energéticos o de índole industrial en zonas rurales aptas para la agricultura, como es el caso de las granjas de paneles solares. Por ello le solicitamos al Gobernador (Rodrigo Mundaca) un estudio de capacidad de carga del territorio, de modo de tener una política pública sobre esta temática".

Finalmente dijo que en la región, en el territorio regulado por el Premval (Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso), "ya tenemos una subdivisión predial de 2 hectáreas y esa definición claramente impide las parcelas de media hectárea". Pese a aquello, cerró asegurando que "esto aún no se implementa en toda la región".

PURANOTICIA