Jueza Rutherford acusa a excomandantes en jefe del Ejército de "concertarse" para sustraer gastos reservados

La ministra en visita, Romy Rutherford, procesó a cuatro excomandantes por la presunta malversación de caudales públicos, por medio de los fondos provenientes de los gastos reservados.

En específico, la persecutora encausó primero a Juan Miguel Fuente-Alba (2014-2018), luego a Humberto Oviedo (2018-2021), siguió con Óscar Izurieta (2010-2014) y, por último, el general (R) Juan Emilio Cheyre (2006-2010).

El hecho se dio en el marco en la causa que investiga malversación de caudales públicos en el Ejército. El procesamiento en contra de Cheyre es por la utilización irregular de $128.638.559 que debían ser destinados a labores de inteligencia.

Sin embargo, la defensa del exoficial representada por el abogado Jorge Bofill presentó un recurso de amparo ante la Corte Marcial, cuestionando el procesamiento de la jueza, acusando faltas a la Constitución.

Por esto, la Corte Marcial pidió un informe a la ministra Rutherford para que contestara las alegaciones del general (R), quien se mantiene preso en el batallón de policía militar N° 1 de Peñalolén, para llegar a una determinación del caso.

De esta manera, la jueza desestimó, con un texto de 23 páginas difundido el viernes 28 de octubre, los argumentos expuestos por la defensa de Cheyre, detallando que "existieron actos ejecutivos del delito cuando el amparado era oficial militar, desde que, según admitió, fue él mismo quien dispuso en tal calidad la entrega de estos dineros. Tal razonamiento permite concluir que la competencia del tribunal para investigar, procesar y -como en el caso- disponer la prisión preventiva se encuentra indubitada".

"La defensa pareciere haber malentendido que los hechos justificados -hasta ahora- dicen relación con los dineros de gastos reservados percibidos cuando el imputado ya no era comandante en jefe del Ejército, pero aprovechándose precisamente de lo que él mismo había dispuesto en virtud de tal cargo y acordado con su sucesor en forma previa a su retiro. Por lo anterior, la imputación se refiere a la malversación que de gastos reservados el encausado determinó y acordó para que fuera materializado cuando dejara su ejercicio activo, y pasara a tener la calidad de excomandante en jefe", se lee en el escrito.

En el informe, la jueza desarrolla la hipótesis de la concertación para la comisión del delito de malversación entre el inculpado y el resto de los ex altos mandos procesados. Es decir, atribuye a que tanto Fuente-Alba, Oviedo, Izurieta y el propio Cheyre se organizaron para delinear un sistema para gestionar la entrega de gastos reservados, una vez que pasaran a retiro.

En palabras de la ministra, "se alude al funcionario que tiene fondos a ‘su cargo’, es decir, que estén a su cuidado, disposición o responsabilidad y es, precisamente aquella hipótesis que se habría verificado en la especia en lo que atañe al comandante en jefe en ejercicio, quien estuvo en concierto con aquellos excomandante en jefe que, a su vez, recibieron mensualmente los caudales públicos ya explicados".

En esa misma línea, la jueza agrega que “al menos desde el año 2006 y hasta febrero del año 2018, todos quienes ejercieron el cargo de comandante en jefe del Ejército dispusieron entregar mensualmente dinero de gastos reservados a los excomandante en jefe de la institución y estos últimos, a su vez, acordaron percibirlos -facilitando con ello la concreción del hecho ya imputado a los primeros- no puede desconocerse el concierto que se ha referido”.

Por último, Rutherford se refiere a la vida en retiro de los jefes militares, describiendo que "en cuanto a la fotocopia de la orden ministerial que acompaña la defensa (el decreto firmado por Frei), tal antecedente señala en la forma clara que los excomandante en jefe tendrán derecho a un conductor, y un mayordomo y/o asistente mozo, derecho que -aún siendo atípico- tampoco involucra entrega de dineros en efectivo, sin rendición de cuenta, ni mucho menos del fondo para gastos reservados, como pretende justificar quien presenta tal antecedente".

Tanto Fuente-Alba como Izurieta también recurrieron de amparo para revocar las imputaciones en la causa.

PURANOTICIA