El 52% de las municipalidades del país están siendo investigadas por casos de corrupción

Alrededor de la mitad de los municipios del país se encuentran bajo la lupa del sistema judicial por casos de corrupción, aún cuando un 23,5% de los mismos se concentran en apenas 11 alcaldías. Así lo informó el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en un seminario organizado para compartir experiencias e ideas para fortalecer la probidad, según consigna el diario El Mercurio.

El presidente del CDE, Juan Peribonio, encargado de abrir las exposiciones, declaró que hay una profunda preocupación en el organismo por el “aumento sostenible de causas relacionadas con infracciones penales en el ámbito municipal, y por supuesto que nos parece de la mayor importancia detenernos y hacer un análisis, y ver si es una tendencia o si es una situación temporal, y qué medidas podemos adoptar”.

El 52,17% de las entidades edilicias se encuentra investigada por algún caso de corrupción, ya que las causas vigentes, a noviembre de 2021, son 1.119, distribuidas en 260 de las 345 municipalidades del país. La progresión es del todo preocupante, según el CDE, pues en 2010 ingresaron 166 denuncias, cifra que se triplicó en 2015, hasta que en 2020 los casos aumentaron a 689 casos. 489 causas corresponden a investigaciones en 180 alcaldías por delitos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos, cohecho, negociación incompatible y tráfico de influencia, entre otros.

El 23,5 por ciento de las causas se concentra en las municipalidades de Tierra Amarilla, Talcahuano, Ñuñoa, Pirque, San Joaquín, Recoleta, Viña del Mar, Cerro Navia, San Fernando, Punta Arenas y San Ramón.

Asimismo, la fiscal nacional (s), Claudia Perivancich, sostuvo que una de las dificultades para llevar a cabo las indagatorias dice relación con la falta de homologación de protocolos y registros. “Los sistemas de registro, en los distintos mecanismos de soporte de la información de la municipalidad, de su contabilidad y movimiento. Sus ingresos y gastos no son uniformes entre una municipalidad y otra, sino que no hay una directriz nacional para ajustar esos criterios”.

Desde la Contraloría apuntaron a que su trabajo pierde fuerza y efectividad, ya que la propuesta de sanción por falta grave a la probidad radica en el mismo concejo municipal, que ha de llevarlo al Tribunal Electoral Regional (TER), “pero el concejo, por razones políticas, no hace ese trabajo, y por lo tanto ese sumario por falta grave a la probidad queda en nada, y eso evidentemente es un desincentivo”, afirmó el contralor Jorge Bermúdez, al tiempo que el secretario de la Corte Suprema, Jorge Sáez indicó que “el fenómeno de la corrupción tiene un solo origen: que existen en las organizaciones y que permiten el aprovechamiento de los recursos públicos".

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