Diputados RN piden al CDE que "evalúe acciones penales" contra el Gobierno y Municipios por uso de recursos en favor del «Apruebo»

Los diputados RN Miguel Mellado y Andrés Celis solicitaron al Consejo de Defensa del Estado (CDE) evaluar acciones penales a favor del fisco por el presunto uso de recursos públicos, por parte del Gobierno y municipios, en campañas por el «Apruebo» a la nueva Constitución.

La misiva fue entregada este viernes y está dirigida al presidente del CDE, Juan Antonio Peribonio. En ella, los parlamentarios apuntan a eventuales delitos como malversación o aplicación publica diferente, remarcando que la legislación prohíbe usar bienes del Estado para fines ajenos a sus funciones.

En la carta, los diputados denunciaron que hay servicios públicos y municipios que “han destinado funcionarios y recursos públicos para desplegarse por la opción del «Apruebo», con la finalidad de incidir en el Plebiscito de salida".

A modo de ejemplo mencionaron “el mural realizado por la Municipalidad de San Bernardo o la iniciativa «Maipú Constituyente». También acusan el uso cuentas municipales para propaganda electoral, afirmando que existe “una conducta sistemática de prevalerse de los recursos y de la función pública de manera reñida con el principio de probidad".

"Lamentablemente esta conducta se ha extendido en la administración central, y ha dado lugar a la instrucción de investigaciones especiales por parte de la Contraloría General de la República, la que incluso ha pedido informe a la Presidencia y a los ministros", remarcaron.

Asimismo, los legisladores aludieron a los dichos del seremi de Salud del Biobío, Eduardo Barra, quien aseveró que el presidente Gabriel Boric mandató a los funcionarios de Gobierno a impulsar el «Apruebo».

De esta manera, indicaron que ante la postura de las autoridades de "desconocer las normas que informan de la función pública, así como los dictámenes e instrucciones específicamente dictadas al efecto por la Contraloría General de la República, parece conveniente aumentar el reproche estatal con una respuesta que supere lo meramente administrativo".

"Para lo cual creemos se debiese evaluar y someter la deliberación del Consejo la utilización de la vía penal como una forma de resarcir el daño que se ha hecho el patrimonio fiscal y a la integridad de la función pública”, sentenciaron.

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