Lunes 13 de noviembre de 2023 23:38

Diario Oficial publicó Plan Nacional de Búsqueda tras toma de razón de la Contraloría General de la República

Aún 1.162 víctimas cuyo paradero y circunstancias de desaparición y/o muerte aún siguen pendientes de determinar.

Se oficializó la implementación del Plan Nacional de Búsqueda (PNB) de Verdad y Justicia, luego su publicación en el Diario Oficial y tras la toma de razón, por la Contraloría General de la República, del Decreto N°98 que lo origina. 

Este plan fue presentado al país el 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, por el Presidente de la República, Gabriel Boric, con participación de representantes de los tres poderes del Estado, de la sociedad civil y de familiares de las víctimas de desaparición forzada. 

El PNB es un instrumento de política pública que avanza en la búsqueda de verdad y justicia respecto de personas víctimas de desaparición forzada durante la dictadura civil militar en Chile. Este se llevará a cabo por medio de la organización y sistematización de los esfuerzos del Estado, estableciendo metas, plazos, responsables y rendición de cuentas. 

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, se refirió a este hito, destacando que “a partir de ahora comenzarán a ejecutarse las acciones principales del Plan, no solo aquellas que están destinadas al diseño y ejecución del sistema de información utilizando inteligencia artificial, sino que también para realizar aquellas que están destinadas a la estructuración del modelo de gobernanza donde los familiares tendrán un gran rol activo en el seguimiento de esta política”.

En lo local, la seremi de Justicia y Derechos Humanos de Valparaíso, Paula Gutiérrez, agregó que el Plan Nacional de Búsqueda es una política pública fundamental a nivel nacional y, también, para la región de Valparaíso, ya que aún figuran en nuestros registros personas detenidas o trasladadas desde otros lugares hasta alguno de los centros de detención y tortura en nuestra región, personas de las que, hasta el día de hoy, se desconoce su paradero.  

Como Estado -dijo-, tenemos una deuda vigente que saldar con sus familias, una deuda de verdad y justicia de la que nuestro Gobierno, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se ha hecho cargo mediante esta política pública, cuyo eje central es el respeto a los seres queridos de aquellas personas que fueron detenidas por la dictadura civil militar y nunca más regresaron con sus amigos o sus familias”.

Son 1.469 las personas calificadas como víctimas de desaparición forzada en Chile durante la dictadura civil y militar. De este total, 307 personas han podido ser encontradas, identificadas y restituidas a sus familiares, según cifras del Servicio Médico Legal. Aún 1.162 víctimas cuyo paradero y circunstancias de desaparición y/o muerte aún siguen pendientes de determinar.

MEDIDAS DEL PLAN

1. Instalación de la estructura de gobernanza del Plan Nacional de Búsqueda, lo que supone crear el Comité de Seguimiento y Participación, compuesto por representantes de familiares e integrantes de la sociedad civil. 

2. Creación de la Mesa Operativa del Plan Nacional de Búsqueda, compuesta por los actores institucionales que participan en la búsqueda de las personas víctimas de desaparición forzada durante la dictadura con la finalidad de coordinar las acciones del Plan y su nivel de ejecución. 

3. Configuración de una Mesa Técnica de Archivos, que tendrá por finalidad identificar y acceder a los diversos acervos documentales que se encuentran en las instituciones del Estado.

4. Diseño de la plataforma del Plan Nacional de Búsqueda, que servirá como una herramienta para el análisis y cruce de información de las bases de datos con apoyo de inteligencia artificial.

5. Coordinación permanente y prioritaria con los Ministros en visita extraordinaria para causas de violaciones a los Derechos Humanos.

6. Confección del primer catastro de sitios de interés para realización de trabajos de búsqueda en terreno y de identificación de víctimas en coordinación entre el Poder Judicial, Servicio Médico Legal y Programa de Derechos Humanos.

PURANOTICIA

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