Defensoría Penal Pública reporta que 121.342 imputados fueron declarados inocentes en 2021

El Defensor Nacional, Carlos Mora, entregó este martes la cuenta pública 2021 de la Defensoría Penal Pública.

De manera virtual y ante representantes del Ministerio Público y del Poder Judicial, Mora informó que el año pasado ingresaron 310.723 causas a la defensoría, de las cuales 15.321 personas quedaron en prisión preventiva.

Y si bien destacó que la cifra de personas con la máxima cautelar disminuyó en un 16,4% en relación al 2020, exhibió su preocupación por "los 121 imputados que llevan más de dos años privados de libertad, esperando un juicio, lo que supera el límite legal".

Al respecto, advirtió que la situación "evidencia que el sistema procesal antiguo que ya creíamos superado aún no ha terminado. Más grave aún, si quienes fueron afectados en sus derechos no son responsables”.

"La Defensoría ha advertido reiteradamente que un uso excesivo de la prisión preventiva puede convertirse en una condena anticipada para miles de personas que -eventualmente- terminarán condenadas a penas no privativas de libertad o que no recibirán ninguna sanción por ser absueltas de todo cargo", añadió.

Luego remarcó que es el desafío "es tener siempre presente que las medidas relativas a la privación de libertad no pueden resolverse en legislaciones rápidas o también llamadas agendas cortas, sino que deben obedecer a políticas públicas cautelares pensadas, diseñadas y aplicadas desde los principios, pues son éstos los cimientos de cualquier normativa democrática".

Si bien aludió a que “la solución más simple para la opinión pública sería aumentar las penas de los delitos en general”, luego se preguntó: "¿No sería mejor potenciar la investigación para que la tramitación de las causas fuera más acotada y con ello las personas enfrentaran un juicio en un plazo razonable?”,

Posteriormente, el Defensor Nacional informó que en 2021 hubo 121.342 personas imputadas que terminaron siendo absueltas o sobreseídas, lo que equivale al 30,3% de las causas terminadas. Se trata de "la cifra más alta desde los inicios de la reforma procesal penal".

Mora apuntó a la crisis sanitaria del Covid-19, detallando que el 55% de quienes resultaron ser inocentes fueron formalizados por delitos vinculados a infracciones sanitarias. Entre ellas resaltan las faltas al artículo 318 del Código Penal, el cual se usó para perseguir el incumplimiento del toque de queda y de las cuarentenas.

Ello "generó un ingreso y recarga masiva del sistema penal, utilizando la herramienta penal para controlar un fenómeno sanitario".

Finalmente, acusó que la situación "distorsionó el funcionamiento regular del sistema, e impactó alterando las estadísticas históricas de ingresos y cargas de las instituciones que conforman el sistema de justicia penal".

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