Corte Suprema acoge recursos de protección de comunidades indígenas y deja sin efecto licitación del litio

La Corte Suprema acogió los recursos de protección presentados por las comunidades atacameñas de Camar y Coyo para dejar sin efecto las bases de la licitación para la explotación del litio, proceso impulsado por el gobierno del expresidente Sebastián Piñera.

Recordemos que este 12 de enero, el Ministerio de Minería -entonces encabezado por el exministro Juan Carlos Jobet- dio a conocer que las empresas BYD Chile SpA- y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A se adjudicaron la explotación de 80.000 toneladas de litio metálico comercializable, tras presentar ofertas de US$61 millones y US$60 millones respectivamente.

La adjudicación generó una serie de críticas desde la entonces oposición -actual Gobierno-, donde aseguraron que se podía perjudicar el interés de conformar una Empresa Nacional del Litio.

En tanto, desde la anterior administración indicaron que el proceso no afectará la creación de la estatal, ya que se estaba entregando "solo el 4,4% de las reservas".

Fue en ese contexto que las comunidades indígenas acudieron a la justicia para frenar la entrega del mineral. La comunidad de Camar acusó que no se cumplió con la fijación de un área para desarrollar el proyecto y, por ende, no se realizó una consulta indígena, lo que sería una infracción a la ley.

Mientras que desde la comunidad Coyo acusaron la vulneración de la garantía constitucional de igualdad ante la ley.

Ambos recursos fueron acogidos por la Tercera Sala de la Suprema, integrada por el ministro Sergio Muñoz, la ministra Ángela Vivanco, los ministros Mario Carroza, Jean Pierre Matus y el abogado (i) Pedro Águila.

"Es un hecho histórico, inédito desde el punto de vista judicial y de la perspectiva de la defensa de los derechos ancestrales de las comunidades atacameñas que la Corte Suprema acoja estos recursos, defienda a estas comunidades, les dé valor a sus derechos ancestrales y territoriales y en la defensa del Salar de Atacama y, por lo tanto, suspenda los contratos, la licitación y la adjudicación", destacó a El Mostrador el abogado de la comunidad Coyo, Gabriel Muñoz.

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