Convención Constitucional aprobó 25 artículos de informe de Sistemas de Justicia

El pleno de la Convención Constitucional aprobó en particular 25 nuevos artículos del segundo informe de la comisión de Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional.

Entre las normas aprobadas destaca la creación del “Consejo de la Justicia”, que tendrá la labor del “nombramiento, gobierno, gestión, formación y disciplina” en el sistema.

Esto implicaría que el poder de la Corte Suprema se pase a este consejo y los ministros del máximo tribunal dejen de tener todas las funciones que poseen actualmente y solo se dediquen a fallar sus causas.

Sin embargo, el inciso del artículo 8 de dicha norma fue rechazado y deberá volver a la comisión. Esta planteaba que “todos los tribunales estarán sometidos, a lo menos cada cinco años, a una revisión integral por el Consejo de la Justicia, que incluirá audiencias públicas”

Lo mismo pasó con el artículo 29, que se refiere a la composición de dicho consejo. La Corte Suprema había presentado sus reparos a esta iniciativa, debido al número minoritario de jueces que la integraría y determinaba una duración límite de 12 años de los ministros de la máxima corte.

Vanessa Hoppe, co-coordinadora de la comisión, sostuvo que “lamentablemente, no hemos tenido la libertad suficiente, porque sabemos las presiones que han recibido miembros de la Comisión”.

Agregó que “incluso funcionarios del Poder Judicial, que constantemente también nos están escribiendo y lamentablemente aquí la defensa de intereses que parecen ser gremiales, afecta también la libertad en cómo se dan estas discusiones. Desconozco si son los ministros o jueces de cada tribunal, pero dentro del Poder Judicial se está haciendo este tipo de presión, y esos funcionarios presionan a los integrantes de la comisión”.

Otra de las normas que fue aprobada es la que establece que la “justicia vecinal” integrará el Sistema Nacional de Justicia.

También destaca la aprobación, en el marco del sistema penitenciario, del artículo que señala que “sólo el Estado puede ejecutar el cumplimiento de penas y medidas privativas de libertad, a través de instituciones públicas especialmente establecidas para estos fines. La función establecida en este artículo no podrá ser ejercida por privados. Para la inserción, integración y reparación de las personas privadas de libertad, los establecimientos penitenciarios deben contar con espacios para el estudio, trabajo, deporte, las artes y culturas. En el caso de mujeres embarazadas y madres de lactantes, el Estado adoptará las medidas necesarias tales como infraestructura y equipamiento tanto en el régimen de control cerrado, abierto y post penitenciario”.

Esto implicaría el fin de las cárceles concesionadas, lo que provocó la preocupación de la convencional Carol Bown (UDI), quien expresó que “le quiero preguntar a la actual ministra de Justicia (Marcela Ríos), ¿qué va a hacer con todos los reclusos que hoy están en cárceles concesionadas? ¿Irán a cárceles con mayor hacinamiento? ¿Van a complicar al resto de los internos de cárceles que son públicas?”.

PURANOTICIA