Comisión para regulación de la relación entre fundaciones, corporaciones y el Estado realizó su primera sesión

La Comisión asesora ministerial para la regulación de la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro (IPSFL) y el Estado, creada por el Gobierno tras el escándalo del «Caso Convenios», llevó a cabo su primera sesión oficial.

La cita tuvo lugar en la mañana de este viernes en el centro de Santiago, específicamente en el Edificio Moneda Bicentenario, hasta donde llegó la presidenta de la también llamada Comisión de Probidad e Integridad, María Jaraquemada, abogada que es también directora de Chile Transparente.

Tras el encuentro, la líder de la instancia señaló que "se habilitó un correo para que lleguen propuestas, para que sea un trabajo colaborativo", y recordó que "la idea es presentar el informe con recomendaciones".

"Efectivamente hay distintos espacios de mejoras para que la relación sea más transparente", dijo la jurista experta en políticas públicas anticorrupción, a propósito de los últimamente cuestionados métodos de transferencias de fondos desde reparticiones públicas hacia fundaciones.

En la misma línea, la presidenta de la Comisión de Probidad e Integridad indicó que "se levantarán actas que van a ser publicadas, para que la ciudadanía las pueda ver", esto durante los 45 días que tiene de plazo el organismo para presentar iniciativas sobre la materia.

Cabe recordar que junto a Jaraquemada está participando el excontralor Ramiro Mendoza; la secretaria ejecutiva de la Comisión de Integridad Pública y Transparencia de la Segpres, Valeria Lübbert; la consejera y economista del Consejo Fiscal Autónomo, Jeannette von Wolfersdorff; el profesor de Derecho en la Universidad de Chile, Francisco Agüero; y el director del Centro de Políticas Públicas UC, Ignacio Irarrázaval.

A comienzos de mes, cuando el presidente Gabriel Boric informó sobre la creación de la instancia, se detalló que sus objetivos serían:

1. Identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la colaboración de las instituciones privadas sin fines de lucro con el Estado.

2. Proponer mecanismos de fortalecimientos que aseguren una mayor eficacia y transparencia en la vinculación de estas instituciones con el Estado, que faciliten el conocimiento por parte de toda la ciudadanía sobre el uso de los fondos que se entregan a estas entidades.

3. Proponer modificaciones a los requisitos de gobernanza, transparencia financiera e integridad de las instituciones colaboradoras del Estado a fin de garantizas el adecuado uso de los recursos públicos.

4. Revisar los mecanismos de control, rendición y cuentas, así como las propuestas para prevenir los conflictos de interés.

5. Proponer sanciones por el mal uso de los recursos públicos

La instancia tendrá un plazo de 45 días corridos para elaborar un informe que incluirá un diagnóstico general y propuestas que sean acordadas sobre la base de los principios de integridad, transparencia, efectividad, eficiencia y rendición de cuentas.

PURANOTICIA