Comisión de Seguridad de la Cámara rechazó indicaciones a Ley de Usurpaciones

La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados rechazó las indicaciones del Ejecutivo a la Ley de Usurpaciones, aprobado más temprano en general en la sala. Por ende, el texto volverá a la sala tal como salió.

El Gobierno le había retirado la urgencia al proyecto para llevarlo a la Comisión de Seguridad y negociar las indicaciones, pero la oposición las rechazó, porque –según el presidente de la instancia, Jorge Alessandri (UDI)– al Gobierno se le olvidó negociar.

"El Ejecutivo llegó a la sesión sin haber conversado nada con ninguno de los miembros, no se aprobó ninguna indicación al proyecto y vuelve a sala exactamente igual como lo sacaron por 24 horas para negociar. Se les olvidó negociar", dijo.

Además de haber rechazado todas las indicaciones del Gobierno, los parlamentarios de oposición esperan que se reponga la urgencia al proyecto al regreso de la semana distrital y se vote en sala en particular para despacharlo al Senado.

Tras dos jornadas de intenso debate, la sala de la Cámara de Diputados aprobó por 89 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones la idea de legislar el proyecto que regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, fija nuevas penas y formas comisivas, e incorpora mecanismos eficientes de restitución.

El texto, en segundo trámite legislativo, establece sanciones más estrictas al delito de usurpación de propiedades. Modifica el Código Penal para castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación, amplía el período de flagrancia y facilita la detención de los ocupantes.

Una de sus disposiciones más polémicas es el de la legítima defensa privilegiada de los propietarios y el concepto de flagrancia permanente. El Gobierno advirtió que no permitirá en esta ley una indicación de esta naturaleza, porque promueve el enfrentamiento violento entre las personas.

Entre los principales objetivos del proyecto está sancionar con presidio toda hipótesis de usurpación u ocupaciones, extendiendo el período de flagrancia tratándose de este delito.

Asimismo, permite, tanto durante la investigación del delito como al presentarse demanda civil, la restitución anticipada del inmueble ocupado. Adicionalmente, autoriza la aplicación de técnicas especiales de investigación en la persecución de las usurpaciones.

Igualmente, castiga con penas de presidio la celebración con engaño de compraventas o arrendamientos de sitio ocupado ilegalmente. Incorpora restricciones en las normas para regularizar la pequeña propiedad raíz, mientras exista juicio pendiente por usurpación.

Junto con ello, modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para sancionar al ocupante ilegal que pretenda transferir el dominio de lotes de terrenos tomados.

En representación del Ejecutivo intervino la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien recordó que la usurpación no está permitida en la actual legislación, la que necesita ser actualizada por no ser efectiva debido a la realidad presente.

Explicó que hoy la usurpación va desde la necesidad de vivienda de las personas que viven en campamentos, hasta los loteos irregulares, las tomas de segunda vivienda y las acciones violentas de la macrozona sur.

Por ello dijo que es necesario legislar para hacer la diferenciación, sancionando la comisión del delito, sin castigar a las personas de menores recursos.

Además, rechazó la posibilidad de la autotutela o legítima defensa de los propietarios, y advirtió que el Gobierno no permitirá una ley que posibilite el enfrentamiento entre personas.

Finalmente sostuvo que el Ejecutivo decidió retirar la urgencia a la tramitación del proyecto para posibilitar los cambios necesarios.

PURANOTICIA