Chile Vamos pide al presidente Boric aclarar "las comunicaciones que se buscaban establecer" con Llaitul

Chile Vamos entregó una carta dirigida al presidente Gabriel Boric para que se aclare la llamada de una asesora del Ministerio de Desarrollo Social al líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul.

De acuerdo a un informe de la PDI, una funcionaria de la cartera llamó a mediados de mayo al hoy detenido vocero de la CAM para agendar un encuentro con la ministra Jeanette Vega. El registro termina con el líder mapuche exigiendo conocer quien le entregó su contacto a la trabajadora como requisito para continuar el diálogo por Whatsapp.

La filtración gatilló en la renuncia de Vega. "Debemos ser cuidadosos del fondo y también de la forma", indicó el presidente Gabriel Boric tras aceptar la salida de la secretaria de Estado.

En ese contexto, los diputados Andrés Longton (RN), Jorge Alessandri (UDI) y Francisco Undurraga (Evópoli), jefes de las bancadas de la Cámara de Diputados de sus colectividades, enviaron una carta al Mandatario y anunciaron la conformación de una comisión investigadora por el caso.

Según informó Emol, en la misiva los legisladores acusan que el hecho "empaña el rol del Ministerio del Interior y Seguridad Pública como querellante en la causa criminal en la que el Sr. Llaitul cumple actualmente prisión preventiva, y siembra un manto de dudas acerca del compromiso gubernamental con el combate a la actividad criminal que desarrollan organizaciones bajo el aspecto de reivindicaciones territoriales".

Luego apuntaron contra el abogado querellante del Ministerio del Interior en la causa contra Llaitul, cuestionando que "en el marco de la discusión de las medidas cautelares señaló que dicha cartera de Estado se veía en la difícil postura de adherirnos a la posición del Ministerio Público y pedir que se decrete la prisión preventiva'".

"Es apremiante que S.E. defina la posición gubernamental en relación con el combate contra las organizaciones criminales que siembran el terror en la Macrozona Sur y particularmente de la Coordinadora Arauco Malleco, señalando si seguirá mostrando vacilaciones y dudas, las que, por cierto, quedan en evidencia de las palabras del abogado que compareció en la audiencia en representación del gobierno y de la intención de la exministra Vega de dialogar con quien ha desafiado públicamente el orden institucional", agregaron.

Los parlamentarios remarcaron que "es su deber, por mandato constitucional, como encargado de seguridad y orden público interior, aclarar el tenor y la razón de las comunicaciones que se buscaban establecer desde el seno de su gobierno, más si ello pudiera ser considerado un acto destinado a entorpecer la persecución penal que el propio Gobierno dice impulsar".

Finalmente, advirtieron que es "imperativo que disponga con carácter perentorio que los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, particularmente su exministra y la asesora aludida, comparezcan ante el Ministerio Público y entreguen toda la información de la que dispongan".

"Es imperativo que S.E. ponga una pausa en sus actividades 'informativas' y retorne al Palacio de La Moneda, cuya integridad y compromiso con la persecución del crimen organizado en la Macrozona Sur es puesta en cuestión", concluyeron.

PURANOTICIA