Jueves 18 de noviembre de 2021 10:27

Chile defendió solidez del pedido de extradición a Australia de exagente DINA y secretaria de Manuel Contreras

Adriana Rivas es acusada de formar parte de la brigada de exterminio Lautaro de la DINA y de la desaparición de siete personas durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Trent Glover, abogado que representa a las autoridades de Chile, defendió la solidez del pedido a Australia para extraditar a Adriana Rivas, exagente de la DINA y exsecretaria personal de Manuel Contreras, quien es acusada de la desaparición de siete personas durante la dictadura de Augusto Pinochet.

El Tribunal Federal de Australia abordó la apelación de la defensa de Rivas a su extradición aprobada el 29 de octubre de 2020 por un tribunal local de Sídney y ratificada el pasado 24 de junio por el mismo Tribunal Federal.

Glover, según informó la agencia EFE, afirmó que las sentencias previas ya establecieron los motivos para extraditar a Rivas por los presuntos delitos de “secuestro agravado” de Víctor Díaz, otrora subsecretario del Partido Comunista de Chile, en 1976, y otros seis activistas, entre ellas una mujer embarazada.

Se acusa a Rivas de formar parte de la brigada de exterminio Lautaro de la DINA.

El abogado también criticó los argumentos de Frank Santisi, defensa de la exagente de la DINA, en los que se apoyó en la Ley de Amnistía en Chile, argumentando que dicho decreto de Pinochet no se aplica a los crímenes contra la humanidad.

“El secuestro agravado existía en la época de la presunta conducta criminal atribuida a Rivas” explicó Glover y agregó que bajo las leyes australianas no tiene que existir una “correspondencia total” de la tipificación de los delitos para que proceda la extradición.

Adriana Navarro, abogada de los familiares de las siete víctimas, aseguró que “el tribunal (australiano) solo tiene que determinar si el material presentado cumple con la ley de extradición”.

Rivas aún tiene opción de apelar a la extradición ante el Tribunal Superior de Australia, donde solo puede alegar supuestos errores de procedimiento.

Si los tribunales confirman su extradición, la decisión final recaerá en la fiscal general australiana, Michaelia Cash.

PURANOTICIA

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