Jueves 21 de septiembre de 2023 12:18
«Caso Convenios»: Consejo de Defensa del Estado analiza nuevas acciones judiciales contra otras cuatro fundaciones
En concreto, las fundaciones que están siendo analizadas son: EnRed, Red Integral y Comunitaria, Acción Digital y Arquiduc.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) se encuentra analizando nuevas acciones judiciales contra otras cuatro fundaciones, sumándose a las ya iniciadas respecto a Democracia Viva en el marco del «Caso Convenios».
Según consignó El Mercurio, el objetivo de las eventuales medidas que podría tomar el CDE dicen relación con la recuperación de los recursos fiscales involucrados en los contratos suscritos entre las entidades privadas con organismos estatales. Además, se buscaría obtener penas por los delitos cometidos en relación a estos convenios.
En concreto, las fundaciones que están siendo analizadas son: EnRed, Red Integral y Comunitaria, Acción Digital y Arquiduc.
Entre la información entregada por parte del Ministerio de Vivienda al CDE se estableció que Arquiduc “no tenía ni el giro ni la experiencia en la instalación de luminarias".
En tanto, Acción Digital en la Región de Los Ríos argumentan que "si bien los servicios se prestaron, quedó un saldo sin utilizar, por lo que Seremi Minvu solicitó el 20 de marzo de 2023 la restitución de $74.930.000".
En cuanto a la fundación Red Integral y Comunitaria, el Minvu sostuvo que se "ingresó una denuncia con antecedentes a la fiscalía el 19 de agosto”, y estimaron que los montos a restituir son de más de $38 millones y $134 millones, en cada uno de los contratos.
Respecto a Enred se detectó que “mantiene como director técnico a don Aldo Bastidas, quien prestó servicios desde el año 2009 hasta el 31 de mayo de 2022 en el Minvu, particularmente en la unidad de Asentamientos Precarios".
Cabe señalar que en el cado de la fundación Democracia Viva, el CDE presentó una medida precautoria que logró retener los fondos existentes en la cuenta corriente de la organización. Posteriormente, se interpuso una demanda civil con el fin de decretar la restitución de 391 millones de pesos, y en el ámbito penal se querelló por el delito de fraude al fisco.
PURANOTICIA