Auditoría externa arrojó "errores administrativos" por polémica compra de Cesfam en Las Condes

Una auditoría externa encargada por la Municipalidad de Las Condes a raíz de las acusaciones por presuntas irregularidades en la compra de un inmueble para la construcción de un Cesfam arrojó que sólo existieron "errores administrativos".

Cabe recodar que la Fiscalía Metropolitana Oriente está investigando los delitos de falsificación de instrumento público, fraude al fisco y estafa, tras la denuncia que hicieron los concejales Catalina San Martín (Evópoli), Sergio Melnik (Ind.- Republicano), Leonardo Prat (Ind.- Republicano) y Patricio Bopp (Ind.- exUDI) en marzo pasado, mientras que Catalina Ugarte (Republicanos) recurrió a Contraloría.

En detalle, el municipio liderado por Daniela Peñaloza (UDI) fue apuntado por un posible sobreprecio luego de comprar en diciembre de 2022 una casa por $852 millones, propiedad de la gestora inmobiliaria y administradora patrimonial Vulcon Asset Management SpA, del extenista Paul Capdeville, a pesar de que un mes atrás había sido adquirida por la misma empresa por $422 millones.

En vista de lo anterior, la alcaldesa ordenó una auditoría externa a los estudios de abogados Albagli Zaliasnik y Gómez, Pallavicini & García, la que indicó que "al haber adoptado la decisión de comprar cada casa directamente a sus propietarios, al valor que ellos habían promesado con Vulcon se fue generando un saldo a favor de ésta, dado por la diferencia de valor entre el precio de las compraventas versus lo acordado pagar a Vulcon por el paño, como un todo".

Una diferencia que "se habría pagado mediante el aumento del precio de la 'Casa 10', cumpliendo por esta vía y los otros mecanismos contemplados en el contrato suscrito con Vulcon, con el pago del valor acordado entre las partes", recogió El Mercurio.

Asimismo, el texto señala que "no existen inconvenientes jurídicos para que la Municipalidad de Las Condes haya decidido construir un tercer Cesfam, pues una de las tareas municipales es velar por la salud pública". Eso sí, advirtió que "existieron errores administrativos en el proceso de adquisición de algunos inmuebles que configuran el terreno (...), lo cual pudiera generar responsabilidad administrativa para los involucrados".

El informe también indicó que hubo "falta de aplicación de mecanismos que se han de tener a la vista para llevar a cabo este tipo de operaciones, en consideración a los dictámenes de la Contraloría General de la República, la normativa jurídica y las buenas prácticas aplicables".

Al respecto, la alcaldesa Peñaloza sostuvo vía Twitter que "lo hice llegar a la Fiscalía Nacional, a la Contraloría General de la República, al igual que a la fiscal que lleva el sumario interno en el municipio, para que se logre así determinar las responsabilidades personales en estos errores administrativos".

En mayo, la PDI allanó la municipalidad e incautó celulares y computadores del secretario municipal, Jorge Vergara, del secretario general de la Corporación de Educación y Salud, Ricardo Gutiérrez, del director de la Secretaría Comunal de Planificación, Alejandro Contreras, y del director jurídico, Patricio Navarrete. Estos últimos dos tuvieron que presentar sus respectivas renuncias.

PURANOTICIA