68 fundaciones son indagadas por PDI por traspasos de más de $32 mil millones

Desde la Policía de Investigaciones (PDI) aseguran que han acumulado investigaciones por fraude al fisco, similares a las irregularidades detectadas en la firma y ejecución de millonarios convenios entre la seremi de Vivienda de Antofagasta y Fundación Democracia Viva, en 13 regiones del país.

Según publica La Tercera, la PDI pesquisa en total 68 fundaciones, ONG o corporaciones privadas que recibieron fondos de organismos gubernamentales, con transferencias por recursos que superan los $32 mil millones, de acuerdo al balance de gestión operativa 2023 que elaboró la institución.

Se trata de la primera vez que la PDI hace un recuento de su participación en el caso, pues como explica el prefecto inspector Erick Menay, jefe nacional de Gestión Estratégica, se trata de una de las investigaciones que marcó el trabajo operativo realizado por la institución en 2023, obligando el despliegue policial en casi todo el territorio nacional para concretar distintas diligencias de esta causa.

“Para poder abrazar estas investigaciones ligadas a fundaciones, que son bastante complejas -no por la violencia sino que por dinámicas- hemos tenido que realizar amplios despliegues para así reconstruir los hechos en las distintas aristas. Aquí lo que tenemos es desvío de bienes fiscales, mal uso de estos y, por lo tanto, hay un enriquecimiento ilícito que ha ido deteriorando el patrimonio fiscal”, comenta el profesional.

En ese sentido, agrega que “las investigaciones de estos delitos se ven como simples, pero detrás de esto tenemos que analizar contratos, gastos, egresos e ingresos. Se han requerido altos volúmenes de documentos para ir precisando esta maquinación y llegar de una u otra forma a obtener antecedentes de estos negocios ilícitos, porque los responsables siempre buscan formas de disfrazar los hechos de modo que parezca que todo se hizo de manera lícita”.

Pero, como mencionó Menay, los casos vinculados a convenios entre fundaciones y entidades gubernamentales no fueron las únicas operaciones a las que tuvieron que poner atención. El 2023, según indica el prefecto inspector, fue un año donde trabajaron arduamente en la erradicación de estructuras criminales.

Como revelan las cifras, el año pasado intervinieron 691 estructuras criminales, entre bandas y organizaciones, lo que implica un incremento del 9,51% respecto de 2022, cuando intervinieron 631. Esto permitió, de acuerdo con el mismo balance, detener a 1.504 personas asociadas a dichas entidades.

Destacan, asimismo, las diligencias realizadas por lavado de activos, donde se busca incautar el patrimonio que obtienen las estructuras criminales a partir de sus negocios ilícitos. De esta forma, producto de 15 procedimientos, PDI logró la retención de $34.880.617.832, lo que representa un aumento del 333% respecto de 2022.

La amplia variación se produce, comenta el jefe nacional de Gestión Estratégica dado que “hay mayor circulación de bienes y patrimonio adquirido por parte de organizaciones, y también porque las investigaciones nuestras han sido mucho más profundas. Hemos aprendido a no tan solo incautar un bien material o físico propio del delito, sino a ir más allá y perseguir lo que obtienen con fondos de origen ilícito”.

“En la medida que nosotros profundicemos las investigaciones, vamos a lograr dos cosas, primero que por procedimientos policiales haya una mayor cantidad de detenidos, y lo otro es que tendría que ir aumentando la incautación del patrimonio y de sus capitales”, complementa.

Con respecto a los casos de homicidios que la PDI debió indagar durante 2023, el prefecto inspector es claro en sostener en que, si bien estos registraron una baja en relación con 2022, sin duda la violencia con que se cometieron aumentó, lo que derivó en un aumento en la percepción de inseguridad y en una sensación de que la situación estaba más bien desbordada.

De acuerdo con el reporte, entre enero y diciembre del año pasado, detectives constataron 889 homicidios, un 10,29% menos que en 2022, año en que contabilizaron 991 casos.

“Este es un fenómeno al que no estábamos acostumbrados en nuestro país. Post pandemia hay un antes y un después, donde existe un aumento excesivo de la violencia, aunque los casos hayan bajado. Por lo mismo, los delitos son más llamativos y publicitados, lo que genera mayor sensación de inseguridad”, comenta al respecto Menay,

Agrega, en línea, que otro delito bastante violento que sí aumenta es el secuestro, con una tendencia al alza evidente desde 2021. “Ahí se disparan las denuncias y los casos reales, que eso es lo más grave”, acata.

Según cifras de la institución, durante 2023 se registraron 57 secuestros reales, mientras que en 2022 fueron 46 y en 2021, 26.

En medio del mismo balance policial, PDI también precisa resultados en otras materias, como incautación de droga, de armas, de vehículos recuperados, del trabajo en frontera, y otras actuaciones.

En lo relativo a incautación de drogas, como la cannabis, señalan que durante 2023 se confiscaron 316.800 plantas, verificándose un aumento de 102,6% respecto de 2022. Eso sí, respecto de incautación de clorhidrato de cocaína, notaron un descenso de 39%. Y, en cuanto a drogas sintéticas, señalaron que el año recién pasado detectaron 13 laboratorios clandestinos, 62,5% más que el 2022.

Relevan, en ese sentido, el Plan Comunal Antidrogas Microtráfico Cero (MT-0), que logró reducir 1.651 puntos de ventas de droga, deteniendo a 3.544 personas e incautando 358 armas.

En el caso de los delitos contra la propiedad, otro de los hechos policiales cuantificado por la PDI, registran una reducción de 32,8% de los denominados “portonazos”, caída que también se observa en los “abordajes” y en las “encerronas”. Recuperaron, en todo caso 2.110 vehículos durante todo el año pasado.

Respecto del trabajo realizado en materia de migración, desde la institución policial indican que se realizaron 107,7% más de reconducciones en frontera, pasando de 3.150 personas reconducidas el 2022 a 6.543 en 2023.

En cuanto a las denuncias por ingresos irregulares, revelan que estas llegaron a 44.057 los últimos 12 meses, 18,2% menos que el año antes pasado. Finalmente, también aseguran que hasta el 24 de diciembre de 2023 se habían materializado 946 expulsiones, 11% menos que en el periodo anterior.

Dada la variedad de hechos que PDI se encuentra indagando, Erick Menay destaca el enfoque multidisciplinario que se ha realizado y los esfuerzos para aumentar las capacitaciones de sus funcionarios para abordar indagaciones más complejas y una criminalidad mucho más violenta.

“Hay mucha especialización de nuestros oficiales, incorporación de tecnología y elementos logísticos, los cuales permiten acelerar los procesos investigativos y enfrentar estos nuevos escenarios. No perdemos de vista lo más importante, que es que la reconstrucción de los hechos que hacemos siempre debe contar con los elementos necesarios y la calidad probatoria que se requiere”, reflexiona.

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