"Maniobra política mañosa y con fines electorales": Defensa de Piñera argumenta ante la comisión revisora de la acusación constitucional

La defensa del presidente Sebastián Piñera, conformada principalmente por el abogado Jorge Gálvez, realizó sus alegatos por primera vez ante la comisión revisora de la acusación constitucional en contra del Mandatario, por supuestas irregularidades cometidas en la compraventa del proyecto minero Dominga en paraísos fiscales.

Gálvez, que anteriormente había defendido al ministro de Educación, Raúl Figueroa, llegó a la instancia junto al ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa, con el objetivo de "dar una relación y explicación respecto de los principales aspectos de la defensa, en la cual hemos centrado las justificaciones para recomendar a esta comisión que en su informe sugiera el rechazo total y absoluto de la acusación constitucional, que ha demostrado que carece de todo argumento fáctico y jurídico".

Cabe recordar que la comisión revisora está compuesta por Raúl Florcita Alarcón (IND), Paulina Núñez (RN), Virginia Troncoso (ex UDI), Pepe Auth (IND), y la presidenta Maya Fernández (PS). Ellos, en su mayoría, asistieron a la cita de hoy vía telemática.

En primera instancia, Gálvez tuvo palabras para la instancia revisora: "Me he percatado que existe un auténtico deseo de comprender los hechos que en la acusación constitucional se expresan de manera poco clara. A nuestro juicio, hay situaciones que se intentan forzar, generando algunas confusiones en el plano fáctico, lo cual dificulta comprender adecuadamente los hechos que se imputan. (...) Asistimos a una acusación constitucional que más allá de un inteligente uso del lenguaje y una serie de recursos para adecuar mañosamente la realidad de los hechos, no establece a ningún hecho constitutivo de ilícitos constitucionales".

En horas previas a la realización de esta exposición, incluso durante las últimas horas de este jueves, la defensa del Presidente hizo llegar el texto a la secretaría de la Comisión. En el documento de casi 250 páginas, calificaron al libelo acusatorio con diversos epítetos tales como "una maniobra política mañosa y con claros fines electorales".

Respecto a la acusación, el abogado defensor tuvo recias críticas: "Primero se basa en hechos falsos. No tiene ni ofrece pruebas de sus dichos, se basa en meras especulaciones que reconoce expresamente como tales. Frecuentemente hace inferencias, establece sospechas, dice que se podría inferir, que podría ocurrir de una determinada manera, cuestión que desde luego no satisface el estatuto de una acusación, mucho menos de una acusación constitucional, y mucho menos de una que pretende la destitución de nada más ni nada menos que el Presidente de la República".

Además, insistió en el hecho de que Piñera no tuvo intervención alguna en la decisión de venta del proyecto minero, y que el acuerdo de pago por la misma "no estableció un pago de USD 10 mm para la familia del Presidente".

Aseguró también que el Ejecutivo no ha intervenido en ningún procedimiento relacionado a la calificación ambiental de Dominga, y que tampoco existe una omisión en miras a decretar una zona de protección en La Higuera. Por lo demás, sostuvo que esto último no configura causa de ilícito constitucional.

"El presidente Piñera no interviene en las decisiones de los órganos técnicos relacionados con la calificación ambiental del proyecto Dominga. El informe favorable ocurre en la administración de la Presidenta Michelle Bachelet. Se basa en un proceso de largos años de duración y numerosas iteraciones con el titular de la comunidad y los órganos del Estado con competencia ambiental", añadió el licenciado.

"Si he demostrado que durante el periodo del Presidente de la República entre 2010-2014 no existió intervención de su parte, y que esto está judicialmente establecido, pero además se explica por la propia dinámica de a estructuración del mismo negocio del Proyecto Dominga; lo que he hecho es demostrar fehacientemente que en lo que toca los actos de esta administración y la evaluación ambiental, que no ha sido otra cosa que acatar fallos judiciales, actuar en consecuencia y restablecer el derecho e institucionalidad que había sido maltratada en la administración anterior", profundizó el abogado.

Por lo demás, enfatizó en que "no se puede advertir desde ningún punto de vista una actividad ni ilegal, ilícita ni la configuración de ilícitos constitucionales de tal gravedad que supongan la posibilidad de destituir a un Presidente de la República en ejercicio".

Esta exposición se seguirá llevando a cabo durante la jornada de este sábado.

PURANOTICIA