Amnistía Internacional denuncia diez años de represión étnica de Rusia en Crimea

La ONG Amnistía Internacional ha denunciado este domingo que, desde el comienzo de su ocupación de Crimea hace diez años, Rusia está intentando "alterar la composición étnica de la península" a través de una política de represión iniciada tras la "anexión ilegal" del territorio en 2014.

"Rusia", declara el investigador de Amnistía sobre Ucrania, Patrick Thompson, "está intentando sistemáticamente erradicar las identidades ucraniana y tártara crimea a base de interrumpir, restringir o prohibir el uso de las lenguas ucraniana y tártara crimea en la educación, los medios de comunicación, las celebraciones nacionales y otros ámbitos de la vida diaria, además de perseguir las prácticas religiosas y culturales que no se ajustan a las avaladas por Moscú".

Amnistía Internacional también ha denunciado que las autoridades rusas llevan emprendiendo durante años procesos de "traslados forzados" de la población musulmana de Crimea, en su mayoría compuesta por personas tártaras, para ser sustituida por rusos.

La ONG habla sobre todo de un proceso de "erradicación" cultural y de "adoctrinamiento" que comenzó "inmediatamente después de la anexión". A partir de ese momento, según Amnistía, "Rusia instauró su propio currículo escolar en Crimea" y, desde ahí, aplicó una combinación de "adoctrinamiento y amenazas de represalias contra el profesorado, el alumnado y las familias que se opusieron"

En paralelo, Rusia ha llevado a cabo un desmantelamiento "sistemático" de la enseñanza en lengua ucraniana, a lo que se suma la imposición ilegal de leyes y prácticas rusas, incluida la represión del derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica, así como de actos culturales y, especialmente, prácticas religiosas.

Contra la religión

Amnistía avisa que Rusia ha restringido el derecho a la libertad de religión y de creencia en Crimea, a través de una legislación draconiana dirigida en particular contra musulmanes y ortodoxos ucranianos.

La Iglesia ortodoxa ucraniana del Patriarcado de Kiev (desde 2018, Iglesia ortodoxa de Ucrania) se negó a solicitar una nueva autorización como organización religiosa con sujeción a la legislación rusa. Según el relato de Amnistía, parte del clero rechazó el pasaporte ruso y se vio obligado a abandonar Crimea.

Como consecuencia, el primer año de la ocupación desaparecieron 38 de sus 46 parroquias y en la actualidad no queda ninguna. Según Amnistía, en mayo del año pasado, las autoridades de facto desalojaron a la organización ilegítimamente de su catedral ubicada en Simferópol, capital de la región.

Sobre los musulmanes, Amnistía denuncia interrupciones de las autoridades al rezo de los viernes en las mezquitas de Crimea para revisar la documentación de todas las personas presentes y registros domiciliarios en busca de publicaciones religiosas, sobre todo contra la población tártara crimea.

Amnistía denuncia en este sentido que las autoridades "han procesado a más de 100 personas crimeas musulmanas por cargos infundados en relación con el terrorismo, por los que se han dictado sentencias de hasta 24 años de prisión, que se cumplen en Rusia".

Persecución a los medios

"Las autoridades ocupantes persiguen a los medios de comunicación y al periodismo independiente", zanja Amnistía, que acusa a "fuerzas paramilitares prorrusas" del secuestro de periodistas desde los primeros días de la ocupación.

"En marzo de 2014, se cerraron las cadenas de radiotelevisión en lengua ucraniana y se sustituyeron por medios de comunicación rusos" y, tras la anexión, "Rusia ordenó a todos los medios de comunicación crimeos solicitar una nueva autorización de conformidad con la legislación rusa en un plazo de diez meses.

Amnistía explica que emisoras en lengua tártara crimea han sido objeto de ataques y que a canales de televisión tan destacados como ATR se les ha denegado la licencia para emitir. Sobre este mismo medio, la ONG denuncia que, el 26 de enero de 2015, decenas de hombres enmascarados irrumpieron en las oficinas de ATR y se llevaron sus servidores informáticos.

La plantilla del medio denunció a Amnistía que había sido objeto de "advertencias extraoficiales de personas influyentes" en respuesta a la cobertura de los acontecimientos que afectaban a la comunidad tártara crimea; presiones que fueron en aumento hasta que ATR se vio obligado a trasladarse a la Ucrania continental y perdió la autorización para emitir en Crimea.

Por todo ello, el investigador de Amnistía insta a Rusia a que cese "sus prácticas destinadas a reprimir y erradicar las identidades no rusas en los territorios ocupados, así como poner fin a las violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos".

"Todas las personas responsables de crímenes de derecho internacional deben someterse a un proceso judicial justo, al tiempo que las víctimas de dichos crímenes deben poder disfrutar plenamente de su derecho a obtener verdad, justicia y reparación", añade el investigador.

PURANOTICIA