FNE acusa por colusión a las tres principales empresas de transportes de valores: pide multas por US$ 63 millones

La Fiscalía Nacional Económica informó que presentó un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), por una supuesta colusión entre tres empresas de transporte de valores y seis de sus principales ejecutivos. Se trata de Brink's, Prosegur y Loomis.

El ente persecutor detalla que el motivo es "por haber celebrado y ejecutado un acuerdo para fijar los precios de sus servicios entre los años 2017 y 2018". Por esto, se solicita la aplicación de una multa de 81.585 Unidades Tributarias Anuales (UTA), lo que equivale a unos US$ 63,4 millones.

De acuerdo a los antecedentes, el acuerdo por el aumento de los precios se habría fijado aproximadamente en marzo del 2017. Las empresas Brink's y Prosegur habrían coordinado el aumento de valores relacionados con sus servicios de transporte de valores, atención de cajeros automáticos o ATM, tesorería, y pago de remuneraciones y/o prestaciones sociales.

En el desglose de estas sanciones económicas, se registra que las mayores van dirigidas a la empresa Brink’s Chile S.A., por un total de US$ 30,5 millones; y a la compañía Juncadella Prosegur Group Andina S.A. (Prosegur), por US$ 25,8 millones. Se trataría de las multas más grandes que haya pedido el ente persecutor en casos de colusión.

En el caso puntual de Wagner Seguridad Custodia y Transporte de Valores SpA (Loomis), el monto se fijó en un total de US$ 6,4 millones.

En tanto, los ejecutivos que serán investigados y eventualmente sancionados son: Alberto Bálsamo Barreiro (Brink’s), con 149 UTA (US$ 115 mil); Marco Malverde Muñoz (Prosegur), con 134 UTA (US$ 104 mil); y Cristián Catalán Jerez (Loomis), con 114 UTA (US$ 88 mil). Todos ellos ocupan el cargo de gerente general de las respectivas compañías consignadas.

Además, esta medida buscaría penalizar a aquellos jefes regionales que tenían en su cargo a Chile. Ellos son Martín Matos Pardo, Director General Latam Sur de Prosegur (US$ 135 mil), y Rui Sanches Da Silva, Cluster President Portugal y Latam de Loomis (US$ 94 mil).

"Este requerimiento reafirma el compromiso de la FNE de perseguir a las personas naturales que participan en actos de colusión, estén donde estén, porque los carteles golpean la confianza de la ciudadanía y por eso seguirá siendo prioritario para nosotros detectarlos, investigarlos y lograr sanciones disuasorias utilizando todas las herramientas que nos entrega la ley", aseguró Ricardo Riesco, fiscal nacional económico.

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