Investigación del "caso tsunami" ha costado casi $ 300 millones al Estado

El caso se convierte en el más costoso de la historia de la reforma procesal penal.

Miercoles 2 de julio de 2014 a las 14:06 horas

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Nacional

Santiago de Chile, 2 jul (EFE).- La investigación judicial "caso tsunami", que refiere a la búsqueda de responsabilidades en la alerta fallida tras el terremoto de 8,8 grados del 27 de febrero del 2010, ha costado casi 300 millones de pesos al Estado.

Específicamente, 286 millones de pesos constituirían el gasto del Estado, sólo en la etapa de investigación y reduciendo los costos al mínimo.

De esta manera, el juicio que busca establecer responsabilidades por más de un centenar de muertes que provocó la alerta fallida de tsunami, se convierte en el caso más costoso de la historia de la reforma procesal penal.

En la madrugada del 27 de febrero de 2010 un terremoto de 8,8 grados de magnitud devastó seis regiones del centro y sur de Chile, dejando 526 muertos, 800.000 damnificados y daños materiales por 30.000 millones de dólares.

Desde entonces, la justicia abrió una investigación por eventuales responsabilidades de algunas autoridades, incluidos el entonces subsecretario del Interior, Patricio Rosende, y la directora de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), Carmen Fernández.

También están imputados algunos oficiales de la Marina, responsables del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (Shoa), organismo que debía dar la primera alarma de un eventual tsunami.

La Fiscalía Occidente informó que sólo en los viajes que se hicieron a Hawaii al Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) y en peritajes propios de la investigación, el gastó entre el 2010 y el 2014 totalizó 21.672.074 pesos.

También, en esta investigación actuó una Fuerza de Tarea de la PDI, que tuvo dedicación exclusiva durante dos años, y considerando los actuales sueldos del escalafón policial, los dos años de trabajo del equipo que investigó el caso, implican un costo de 121.215.528 pesos, esto sin incluir viáticos o bonificaciones extras.

Asimismo, en el caso intervienen tres fiscales, uno de ellos la jefa regional de la zona occidente, Solange Huerta, y sólo contando el sueldo de uno de ellos, el más bajo (3 millones de pesos líquido aproximado), durante cuatro años de tramitación se convierten en 144 millones de pesos.

Finalmente, al proyectar el gasto del Estado a un juicio de 10 meses, que es lo que se espera dure el proceso, el costo de la investigación se duplicará. EFE

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