Prisión preventiva para gendarme formalizado por cohecho y tráfico de drogas en cárcel de Alto Hospicio

Gracias a una investigación de la Unidad de Drogas de la Fiscalía de Tarapacá junto a la Agrupación de Microtráfico Cero (MT-0) de la Policía de Investigaciones (PDI) de Alto Hospicio, se logró detener y dejar en prisión preventiva a un gendarme formalizado por los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes y cohecho.

Se trata del tercer funcionario detenido en las últimas semanas por su participación en el ingreso de sustancias ilícitas al recinto penitenciario de Alto Hospicio.

En la audiencia, el fiscal Héctor López indicó que en la investigación se logró determinar que el gendarme Oscar Herrera Millar, quien se desempeñaba en la guardia interna del complejo penitenciario de Alto Hospicio, se dedicaba de forma permanente a ingresar drogas ilícitas y elementos prohibidos a los internos, los que le eran entregados por diversas personas a cambio de una retribución económica.

El fiscal explicó que en algunas ocasiones, en su horario laboral, el imputado salía de la guardia interna hacia el sector donde estaban los familiares de visita, quienes le entregaban diversos elementos para que los ingresara al recinto.

En otras oportunidades, el imputado aprovechaba el horario de almuerzo para salir del recinto sin autorización, vistiendo de uniforme y en autos facilitados por otros funcionarios, reuniéndose con diferente personas en distintos sectores de Alto Hospicio, quienes le entregaban la mercadería, la cual posteriormente sería distribuida, dosificada y comercializada entre los internos del penal.

Al momento de su detención en el recinto penitenciario, al imputado se le encontró entre sus vestimentas 31 gramos de marihuana, seis comprimidos de clonazepam y una bolsa con celulares, cargadores y cigarrillos, entre otras cosas prohibidas. En su domicilio se halló 20,4 gramos de marihuana, una balanza digital y 2 millones 800 mil pesos en efectivo. Además, en el antejardín había 37 plantas de marihuana.

Dada la gravedad de los hechos, y que el imputado aprovechó su calidad de funcionario público para cometer el delito y que este se desarrolló en un lugar de detención, la Fiscalía solicitó su prisión preventiva, petición que fue acogida por el juzgado de garantía, fijándose un plazo de investigación de 120 días.

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