Comisión de Educación de la Cámara aprobó el proyecto que busca suspender el pago del CAE

La Comisión de Educación aprobó en general el proyecto de ley que modifica una serie de normas con el objeto de suspender el pago de las cuotas de créditos para la educación con aval del Estado (CAE), con ocasión del estado de excepción constitucional de catástrofe, a causa de la pandemia de Covid-19.

La presidenta de la instancia, Camila Rojas (Comunes) dijo que un proyecto de este tipo "es, a todas luces, necesario, teniendo en cuenta la situación en la que se encuentran varios deudores producto de la pandemia y, más aún, si algunas postergaciones que hoy se contemplan solo están disponibles para personas que no son morosas, es decir, una cantidad muy baja".

En la misma línea, el diputado Rodrigo González (PPD) agregó que esta iniciativa debe ser respalda porque hay personas que están sufriendo, pero, además, porque el CAE "es uno de los abusos más grandes de los últimos años", a lo que se suma "el abuso constante" del sistema bancario. "Hoy tenemos este problema inmediato y tratemos de resolverlo votando lo que plantea esta iniciativa", remarcó.

Objeción de constitucionalidad

El ministro de Educación, Raúl Figueroa, fue categórico al señalar que el proyecto es inconstitucional.

"Estamos en presencia de una manera de legislar que, inevitablemente, causa tremendas dificultades y que, además, deja en evidencia una falta de apego al rigor constitucional que solo se traduce en errores. El texto contiene materias exclusivas del Presidente (de la República) y, por eso, es difícil pretender hacer una legislación razonable si ya el inicio es inconstitucional", planteó.

Además, sostuvo que todo lo que busca resolver el texto, actualmente, ya lo soluciona la legislación y, por ello, llamó a no confundir a la ciudadanía "porque queda la sensación de que es un derecho que no existe y sí existe".

Las palabras del secretario de Estado fueron respaldadas por el director ejecutivo de la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores (Comisión Ingresa), Tomás Bayón.

"Actualmente, los deudores pueden optar a esos beneficios. El tema es que, si el proyecto habla de una suspensión universal, eso implica un costo fiscal de 18 mil millones mensuales. Además, hay derechos de terceros involucrados y se afectan los derechos de las personas que sí quieren y pueden pagar y así cancelar lo antes posible su deuda...", acotó.

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