Camila Flores presenta proyecto para modificar el Código Orgánico de tribunales y retrasar tiempos en actuaciones judiciales

Con el objetivo de poder aplazar los trámites judiciales que se realicen durante la emergencia sanitaria que vive Chile producto de la rápida propagación del coronavirus, que ya está en Fase 4 (circulación viral y dispersión comunitaria de la enfermedad), es que la diputada Camila Flores (RN) presentó un proyecto para que la Corte Suprema en pleno pueda modificar el Código Orgánico de tribunales y retrase los tiempos en actuaciones judiciales.

La parlamentaria afirmó que "hoy a la fecha tenemos muchas tramitaciones judiciales que se están realizando, de manera presencial, en todos los tribunales del país. Sin embargo, debido a la emergencia sanitaria que vive Chile, la mayoría de los plazos judiciales no se podrán cumplir. Es por esto que presenté un proyecto de ley que tiene por objeto modificar el Código Orgánico de tribunales en el sentido que la Corte Suprema en pleno, pueda alterar los plazos en materia de actuaciones judiciales frente a situaciones extraordinarias o de emergencia".

La abogada de profesión anunció también que "hemos pedido modificar el Código Orgánico de Tribunales. Esta iniciativa busca que las responsabilidades que como abogados tenemos con las personas y los tribunales las podamos cumplir en un plazo mayor al estipulado y de esta manera ser responsable con la salud de todos los actores que confluyen en los tribunales de justicia".

Al finalizar, la diputada de la zona interior de la región de Valparaíso afirmó que "como legisladores tenemos la oportunidad de proteger a nuestros conciudadanos. También debemos velar por el correcto funcionamiento de nuestros tribunales, ya que el éxito y fracaso de un proceso judicial depende de que los juristas puedan desarrollar de correcta manera su trabajo y poder ejercer la justicia sin plazos fatales y con la exactitud que requiere el derecho en Chile".

En la actualidad, los centros de justicia están realizando sus funciones con un protocolo de funcionamiento que incluye ver si es pertinente el ingreso de público a las audiencias, como también la posibilidad de suspender y reprogramar audiencias, de acuerdo a lo que estipula la ley al respecto.

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