Buscan modificar Ley Zamudio para sancionar discriminación por profesión u oficio

La pandemia por coronavirus ha sacado a relucir lo mejor de los chilenos y lo peor también. Ejemplos hay muchos, como emprendimientos de reparto a domicilio (delivery) de comida, verduras, frutas y abarrotes para ayudar a las personas que no pueden salir de sus casas y permitir que pequeños emprendimientos sigan funcionando; vecinos que ayudan a vacunar a las personas de la tercera edad o grupos de riesgo; ollas comunes para los más necesitados; regalos de cajas de mercadería, mascarillas, entre otros.

Por otro lado, se han visto acciones que demuestran la poca empatía de algunos ciudadanos, como el no acatamiento de las cuarentanas de personas contagiadas o que viven en comunas bajo restricciones, o los reiterados actos de discriminación en contra de trabajadores de la salud que dedican sus esfuerzos a ayudar a controlar sanitariamente los efectos de la pandemia.

La Federación Nacional de Enfermeras y Enfermeros de Chile, denunció hostigamiento y discriminación en contra de los profesionales de la salud que combaten el coronavirus, debido a lo expuestos que estarían al contagio. Acusan que no los dejarían compartir espacios comunes, como -por ejemplo- los ascensores de los condominios. Todo comenzó cuando un profesional de la salud denunció en redes sociales que el administrador de su condominio le comunicó que, para evitar el contagio del coronavirus, el uso del ascensor o las salas multiuso, estaba prohibido para ellos. Casos como este se han repetido en diversos lugares del país.

Para evitar estos inaceptables episodios de discriminación que se han informado tanto en redes sociales como en medios de comunicación, el senador por la región de Valparaíso, Kenneth Pugh, presentó un proyecto de ley para modificar la Ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación, ​ más conocida como Ley antidiscriminación o Ley Zamudio.

"Los funcionarios de la salud y personal sanitario que se han visto discriminados de diversas formas no lo han sido en razón de encontrarse enfermos o contagiados, sino que, infundadamente, solo por el hecho de trabajar en recintos sanitarios. Mientras esta situación en algunos casos es evidente por su vestimenta, en otros se debe al conocimiento de quien discrimina respecto de la actividad laboral de quien es discriminado arbitrariamente", afirmó Kenneth Pugh.

El parlamentario aseveró que su iniciativa legal busca evitar que las situaciones antes descritas queden impunes y, por ende, se busca desincentivar cualquier acción u omisión que importe discriminación arbitraria a los trabajadores de la salud.

"Nuestro proyecto de ley busca que cualquier persona lesionada en su derecho a no ser objeto de discriminación arbitraria en razón de su trabajo, profesión u oficio cuente con un recurso legal que los proteja y pueda interponerse en la justicia", explicó el legislador.

SANCIONES Y MULTAS

En cuanto a las sanciones que la actual ley contra la discriminación contempla, el tribunal que conoce de la acción de discriminación arbitraria, en caso de acreditar la existencia del hecho, podrá aplicar una multa de cinco a cincuenta unidades tributarias mensuales, a beneficio fiscal, "a las personas directamente responsables del acto u omisión discriminatorio" (artículo 12 de la ley), lo que, por cierto, constituye una sanción concreta para el responsable de dicha discriminación.

Al incorporar esta nueva categoría de discriminación en la normativa 20.609, denominada Ley Zamudio, también se propone modificar el Código Penal, en un sentido similar. Según el senador Pugh "además, estimo pertinente discutir sobre la modificación del Código Penal respecto a las circunstancias agravantes ahí reguladas, con el objeto de incluir entre ellas la de cometer el delito o participar en él motivado por el trabajo, profesión u oficio de la víctima".

"El objetivo es sancionar, eventualmente, faltas, delitos o crímenes que pudieran cometerse en contra de víctimas que sean funcionarios sanitarios, en razón, precisamente, de esta condición, por cuanto en la actualidad, la comisión de hechos ilícitos que tengan como motivación el trabajo, profesión u oficio de la víctima no se encuentran agravados por esta motivación, lo que, estimo, debe debatirse en sede legislativa", concluyó.

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